Reconstrucción de la verdad desde una racionalidad eclipsada profundiza las heridas y agudiza la polarización que existe en el entramado nacional, adagio popular que indica que “el tiempo sana las heridas” distante está de la realidad que circunda al país.
Testaruda obstinación de triangular verdad, justicia y reparación, desde el ideal de actores multilaterales, complejiza un escenario que requiere de voluntad política y capacidad de reconciliación para reconstruir la historia del conflicto y avanzar como estado en la construcción de futuro; circunscripción general en la que cada ciudadano asimila la cultura, restablece la identidad y, desde el ejercicio de la tolerancia, construye la narrativa fidedigna que será legado para las futuras generaciones.
Esfera social colombiana sucumbe en la tensión emocional que saca a flote maraña de mentiras que tejen actores de la lucha armada en busca de la aceptación en su reincorporación a la vida civil. Imperfecto acuerdo de la Habana, cuatro años de pugna institucional por el desconocimiento de la voluntad popular en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, anuencia de la JEP con la impunidad, mezquindad de los ex–militantes guerrilleros, y reincorporación de disidencias a la lucha armada, tienden manto de duda sobre los intereses que existen en la confesión de un delito que nadie endilgaba a las FARC.
Oportunismo circunstancial que quiere ser aprovechado para atacar las bases del estamento democrático del país y seguir ahondando la recalcitrante polarización que marca el derrotero nacional a la sombra de dos corrientes, en este caso liberales y conservadoras.
Ideales de la lucha guerrillera en los años 60, y el enconado rencor a legendarios e icónicos nombres y apellidos de las corrientes rojas y azules del país, no pueden ser el estandarte para exaltar capítulos ya cerrados de la nación y justificar actos criminales de lesa humanidad. Contexto del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, 2 de noviembre de 1.995, denota múltiples aristas que conectan el magnicidio con factores distantes a los intereses guerrilleros; complejo entorno de narcotráfico infiltrado en la política, sumado a la descomposición de los organismos de seguridad del estado, esgrimen 8.000 razones conspiradoras para cegar la vida del político conservador. Conexidad del establecimiento e ilegales, en el marco de la confrontación, deja más preguntas que respuestas en la aceptación FARC.
Carta a la JEP firmada por Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, ratificada en posterior manifiesto del partido FARC, comunicación de Rodrigo Londoño “Timochenko” a Álvaro Leyva y entrevista de Carlos Antonio Lozada al Espectador, dejan en evidencia, una vez más, la inoperancia del sistema jurídico colombiano y su conexión con los intereses políticos e ideológicos del momento. 25 años de pruebas desestimadas, pistas engavetadas, testimonios amañados y demás actos procesales, llama a cuestionar estrategia del silencio que apostó por profundizar las contradicciones, crimen perfecto en el que el estamento judicial exhibe su fragilidad: condena inocentes, acrecientan las discrepancias al interior del colectivo, y honra los señalamientos entre unos y otros. Inaceptable biósfera en la que el bandido devela su acto y nadie le cree.
Engorrosa coyuntura que hace difícil asimilar la versión FARC en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, pues no se aceptan los delitos evidentes, pero sí fungen de adalides de la verdad recuperando memoria y construyendo discurso adoctrinador desde lo que supuestamente saben y no contaron antes. Malevolencia táctica que valida doble moral de quienes reclaman derechos políticos, ocupan escaños en el parlamento sin pagar las penas que les asisten por sus delitos, y aniquilan, desde el artilugio de la palabra, a quienes se interponen en su camino. Mito del terror en el que conspiran agentes intelectuales y materiales que hacen esguince a la ley, aprovechan el escaso margen de acción de la JEP, y menoscaban el perdón y olvido donde buscan reine la impunidad.
Exacerbación del miedo, impotencia e indignación de la sociedad colombiana se atiza al ver la inmunidad que permite a los excombatientes ajustar la ley a sus necesidades e intereses. La JEP es gran culpable del escenario que hoy se recorre, atmósfera jurídica ligada a la arbitrariedad y despropósito, distante a la justicia social y el sentir de los habitantes de una nación que aclaman la verdad, y esperan ejemplares condenas contra quienes hoy fungen como padres de la patria. Acciones sistemáticas dispersan la atención sobre el resarcimiento que no ha pasado de ser un ideal pactado en el papel, desprotección judicial que alcanza niveles de cambios de procedimiento e incongruencia de las instituciones jurídicas colombianas.
Eje de discordia que es aprovechado magistralmente por quienes desde hipótesis conspiradoras quieren hacer parte del paisaje, en el imaginario colectivo, lo que verdaderamente ocurrió y los intereses que existían alrededor del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Renuencia de la familia del líder inmolado para aceptar el nuevo rumbo que ahora toma el proceso es entendible toda vez que por años las conjeturas se ciñeron a un acto perpetrado por sujetos ligados al narcotráfico, un asesinato cometido por militares o un crimen de Estado gestado por el gobierno de turno; sátira política, jurídica y social en donde nunca existió una sola versión que atribuyera el hecho a las FARC.
Equivocado es el rumbo democrático que ahora toma la nación al construir la realidad ajustada exclusivamente a la palabra de los bandidos, versión particular de los acontecimientos sesga la visión y tono del discurso que quiere circunscribir los hechos a un relato distante de las pruebas y evidencias de lo que se transmite. Horrores de la guerra requieren más que una expresión sincera, reconstrucción del colectivo social implica tragar sapos, pero no asumir como propia la mitomanía de oscuros personajes. Clamor por la verdad exige del compromiso y voluntad de todos para comprender los antecedentes del conflicto, la fábula de la disputa y admitir aquello que está distante de la creencia propia; delante de las divergencias se encuentra la esencia de una población hastiada de la violencia y que anhela la paz.
Solución estructural que suprime prejuicios y estereotipos, abre el debate y agenda la construcción de la noción de realidad que permita a las capas jóvenes de la población aprender de los complexos errores que sumieron a Colombia en el conflicto más antiguo del continente. La verdad jamás será absoluta, ingenuo es ponderar la fría y cínica declaración de sórdidos personajes que desde el embuste han incumplido con los acuerdos: entrega total de armas, aportación de bienes y dinero, aceptación de delitos criminales y ligados al narcotráfico, secuestro, reclutamiento de menores, entre otras contravenciones.
Voto de confianza ha sido roto por los exlíderes guerrilleros y la desconfianza convoca a investigar y contrastar las versiones que ahora se aportan, despejar el mar de mentiras y contradicciones desde el que se burlan de los colombianos. La construcción de la paz requiere de todos los detalles que permitan comprobar, más allá de cualquier duda razonable, la verdad completa de cada uno de los casos que se les atribuyen. Acto de reconciliación no tendrá cabida mientras se articulen, desde apartamentos en el norte de Bogotá, pasos estratégicos de impacto en la percepción del ciudadano sin establecer límite a la credibilidad que se dará a la palabra de los bandidos.
Sencillo parece ahora el querer expiar culpas y limpiar imagen atribuyendo hechos a quienes no pueden declarar porque ya están muertos, flaco favor hacen a la historia sujetos humanistas, social demócratas o líderes alternativos en confluencia con fuerzas disyuntivas; caos institucional de los estamentos gubernamentales colombianos delinea la urgente necesidad de hacer frente a una reforma profunda de las bases conceptuales de la sociedad nacional. El país requiere tramitar con urgencia una reforma política y una metamorfosis a la justicia que permita instituir una democracia en donde todos se sientan representados, reconocidos e identificados.
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