Complejo panorama se ciñe sobre Colombia cuando la construcción social del contexto está sustentada desde la palabra de los bandidos, concepción de verdad que se asume como propia y replica a través de los textos, audios, videos e iconografías que invaden, con un sinnúmero de mensajes, las pantallas de los dispositivos del ciudadano. Crisis social y política de la nación denota no solo la intolerancia de los extremos de izquierda o derecha, guerrilla o paramilitarismo, sino el odio recalcitrante que impide ejercer una oposición constructiva que de tregua a la estrategia de atacar y crear confusión para sacar provecho a la moda del momento.
Intransigencia y exaltación de sujetos humanistas, social demócratas o líderes alternativos, delinea el esqueleto de la agenda temática de la nación, hilo narrativo que converge con lo circunscrito por los medios masivos de comunicación y la dieta dialógica de la población en las plataformas sociales. Flujo de contenido comunicativo que llama a analizar la valoración y orientación predominante que se da al conflicto y la incapacidad de perdón de los colombianos. Presión ambiental que establece coordenadas al clima de opinión desde el cual las personas reaccionan y se alinean con un complejo panorama que siembra el terror, baña de sangre el país, y resta oportunidades de un futuro en paz a niños, jóvenes y adultos.
Flujo informativo impactado por asesinato de “líderes sociales”, falsos testigos, homicidios colectivos o masacres, populismo, violencia en las protestas, entro otros hechos moldea la percepción de eso que muchas veces es aislado, pero se masifica desde la versión fragmentada y viral que confeccionan quienes dependen del caos y los problemas para captar la atención y mantener a Colombia en un profundo desequilibrio social de infraestructura, empleo, educación, salud y desarrollo. Microcosmos carente de sentido y contexto sociopolítico en el macrocosmos social que deja cada vez en mayor evidencia a quienes desde el oportunismo estructuran un show para desestabilizar al ejecutivo o por lo menos saciar su sed de venganza cobrando una cabeza ministerial.
Foco de la divergencia colombiana está marcado por la carencia de una opción política que sin hipocresía fije distancia de los aires socialistas y fascistas que se perciben en el ambiente, figura estadista que, sin ahondar las necesidades, y posar de salvador, sea capaz de dar vuelta a la página y zanjar las discrepancias para llegar a los acuerdos mínimos que la polarización de hoy impide. Seguir ensañados con un acuerdo imperfecto y la obsesión de reconstruir los hechos desde las manifestaciones beligerantes de los criminales solo profundiza la herida y atiza las ideologías de los bandos; cada proceso ha tenido su momento, su margen de negociación y su entorno jurídico desde el que unos se han desmovilizado, otros han seguido camuflados y algunos han desertado sin cumplir con lo pactado.
Cáncer que carcome las estructuras democráticas colombianas está en la justicia y sus estamentos encargados de decantar, controlar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos. Mitomanía hace metástasis en actuaciones procesales de delincuentes, guerrilleros, estafadores, narcotraficantes, que se niegan a reconocer sus crímenes y optan por minimizar las atrocidades cometidas con menores y mujeres; complicidad de estamentos con oscuros personajes que se burlan del constituyente primario sin asumir la responsabilidad por sus actos. Garantía estatal conexa a las presiones y cinismo de politiqueros que acallan pruebas para salvar reos en proceso de fuga.
La llegada de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, invita a triangular procesos de paz y aprender de los errores cometidos, 30 años de reincorporación del M–19 enseñan que la construcción de un norte en armonía no solo se articula en la verdad, justicia y reparación que quieren imponer organismos multilaterales; el sosiego que requiere el País parte de la voluntad política y la capacidad de reconciliación de los actores. Lejos de apasionamientos se debe reconocer que los paramilitares se sometieron a la justicia transicional, pagaron penas alternativas, y quienes no cumplieron o volvieron a delinquir fueron expulsados, entraron en el radar de las autoridades e incluso fueron extraditados; realidad totalmente opuesta de las FARC que por ahora solo muestran burlas a la nación y mezquindad en su reincorporación haciendo esguince al débil brazo de la JEP.
Coyuntura social que es aprovechada de manera magistral por demócratas alternativos y humanistas, amplios conocedores de cómo robar pantallas mediáticas y sociales para lograr la ruptura institucional del País desde la amenaza, el desprestigio y el destilar odio por su opositor. Resentimiento y división que se lleva a las calles exaltando el inconformismo ciudadano y atomizando el difícil momento que atraviesa Colombia. Mérito socialista que permite hilar delgado y encontrar puntos en común en el accionar desde la legalidad y el ideario profesado por quienes hacen parte del grupo subversivo llamado “Segunda Marquetalia”; maquiavélicos seres que necesitan del paro, el vandalismo y la destrucción para avivar la desesperanza poblacional.
Ministros, alcaldes y legisladores, que ya se sabe están en campaña, antes que dar soluciones buscan sacar réditos políticos a los saqueos, los bloqueos, los actos inhumanos, la piratería, y el impacto de los acuerdos internacionales; golpe que se quiere dar a la democracia carece de un mensaje contundente, resbaladiza es una unión o adhesión al peligroso ego de icónicos caudillos que están distantes de enderezar el desastre que han instituido. El país atraviesa una etapa en donde se requiere menos Twitter y más acción, el verbo polarizador de culebreros políticos que se autoproclaman como los Mesías ya se desgastó, Colombia necesita dejar de ver fantasmas, deponer la ingenuidad y comprender que los llamados a la protesta solo torpedean la construcción de alternativas que sucumben, antes de ver la luz, ante la miopía ideológica.
El primer paso para llegar a la reconciliación está en desactivar esa mecha que quieren encender honorables legisladores para un estallido social sin precedentes, el mismo que se debería dar en las urnas para castigar el que no se hacen proyectos de ley que propendan por un cambio que conduzca al progreso de los colombianos. Este es el momento de ayudar a construir país y sus instituciones, no acabar de destruirlas con la corrupción y el detrimento del patrimonio público y privado, la incitación a la violencia y el odio solo terminará por aniquilarlos políticamente, pues el ciudadano ya comienza a comprender que las marchas no tienen nada de pacífico y al final quienes las promueven poco y nada hacen para superar la crisis financiera y laboral que tanto aqueja a la población.
Hay que quitarse la venda que tiene la racionalidad eclipsada, antes que volcarse a las calles estudiantes, maestros y trabajadores, de todas las áreas, deben asumir una nueva normalidad que pide el consenso de niños, jóvenes y adultos, sin ningún tipo de distingo, para repensar el colectivo; diálogo nacional que conduce a la construcción de un Estado donde todos caben y se aceptan. Las instancias encargadas de impartir justicia están llamadas a ponerse de acuerdo, asumir la responsabilidad que les asiste, y dejar de tirar la pelota para condenar a tanto criminal que desde el artilugio de la palabra quieren acabar con la reputación de cualquiera, tomarse el poder e imponer un régimen desde el vandalismo y la destrucción.
Columnas anteriores
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
.svg)
