Naturalización del fenómeno conlleva a minimizar la preocupante situación que se vive a diario en las calles colombianas, delincuencia con modus operandi, binacional, incrementa los hurtos y el amedrentamiento de los ciudadanos que atónitos observan, y sufren a cada instante, robo de bicicletas o celulares, atracos a mano armada, fleteos, rompevidrios y lesiones personales. Homicidios y hurtos en automotores y motocicletas impactan a personas, e instituciones de comercio, en medio de la pandemia y la necesidad social que trajo consigo el aislamiento de la población. Paradoja circunstancial que traslada a la memoria rápidamente el robo a edificios en el norte de Bogotá, el atraco a la joyería en el Centro Comercial Gran Estación y un sinnúmero de hechos, reportados por los medios de comunicación, que establecen el pánico y delirio de persecución que tanto preocupa.
Tendencia comportamental que habla de bandas organizadas en cada uno de los sectores poblacionales y llaman a preguntar si no se está fallando en el desviar la atención de la fuerza pública, en actividades de prevención y control de quienes violan la cuarentena o no portan tapabocas, cuando debían estar concentrados en velar por la seguridad de la gente. Estructuras delincuenciales que a cada instante toman vuelo y prenden las alarmas ciudadanas, peligroso entorno que excita mecanismos de defensa e invita a tomar la justicia a mano propia, linchamiento en vía pública y plataformas sociales donde el victimario se convierte en víctima.
Percepción de inseguridad generalizada que clama por acciones conjuntas de las autoridades en cada uno de los focos poblacionales de Colombia, intervención policial, efectiva, que debe pasar de investigaciones a hechos concretos y capturas reales. Se está al frente de un preocupante ambiente de terror y xenofobia, bomba de tiempo que estallará en el desespero de una población replegada con ansias de salir sin tener que estar alerta del acecho de los malhechores, en el día y la noche. Cuello de botella para la Institución Metropolitana que plantea la necesidad de tomar medidas extraordinarias, de reacción inmediata, que pongan freno a la delincuencia armada.
Priorización investigativa que requiere del músculo operativo de la Fiscalía General de la Nación y la rama legislativa para imponer condenas ejemplares y expulsar del país a quienes llegaron, de otras naciones, a violar la ley. SOS de credibilidad en la institucionalidad de los órganos gubernamentales, agenda prioritaria en el imaginario colectivo que ha consolidado el desprestigio de la autoridad. Inoperancia que convoca a analizar el paisaje infractor de las denominadas “ollas” agrupadas en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe, Bosa, Suba, Mártires, San Cristóbal, entro otros sectores, y la baja efectividad en los operativos de control y vigilancia.
Focalización de esferas en localidades con fuertes problemas de seguridad que haga frente a la creatividad de acróbatas hampones, bravucones que, sin amainarse frente a la cuarentena, tienen con tendencia al alza los casos delictivos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Personajes, reincidentes, que reinan ante la impunidad jurídica que los lleva por minutos a las Unidades de Reacción Inmediata y al poco tiempo los dejan libres para que sigan haciendo de las suyas, circulo vicioso bastante peligroso que desvirtúa la doctrina institucional del que la hace la paga.
Lineamiento que emplaza a los comités de seguridad Distritales, Municipales y Departamentales a implementar medidas que contengan la delincuencia común y el hurto calificado. Contorno de oscuros intereses, y dominio territorial, que puso en el ojo del huracán al secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, que fue amenazado en los últimos días, concentración de esfuerzos operativos e investigativos centrados en 83 barrios donde ya la administración local tiene detectadas 23 bandas que espera desarticular lo más pronto posible. Conexidad del delito barrial con el microtráfico y empoderamiento de actores noc sanctos, de nacionalidad venezolana, que aterrorizan con sus modalidades transgresoras de la tranquilidad.
Estructuras criminales que traen a su haber la vinculación de menores de edad, dimensión mayor del problema que no solo tiene su origen en la migración indiscriminada de los últimos tiempos, sino la desatención social de la población vulnerable. Identificación de la composición facinerosa que aviva la táctica de cuadrantes que de flexibilidad a la presencia de la Policía en focos puntuales de la ciudad y traiga consigo acciones efectivas contra el hurto y otros delitos que tienen azotada a la población. Pie de fuerza que converge con los mecanismos de protección particular, cámaras o circuitos de vigilancia, que individualicen a los sujetos y permitan su rápida y efectiva identificación.
La compleja situación llama a robustecer la línea 123, pero también a dotar de instrumentos a la fuerza pública para hacer frente al hampa que ahora se incrementa con el desempleo y la pérdida de capacidad adquisitiva de muchos colombianos. Si bien el concepto de pobreza no es equivalente con delincuencia, no es menos cierto que las normas de adecuado comportamiento social se han perdido y la cultura del dinero fácil toma carrera y ya asienta prejuicios en el núcleo social; trabajo de consciencia ética que debe ser abordado desde las bases educativas con la juventud, fortalecimiento conceptual que evite la tentación y el reclutamiento por parte de estructuras delincuenciales.
La política de seguridad, antes que bajar el perfil del problema a un tema de percepción, pide establecer alternativas de ocupación social y oportunidades de desarrollo, control a los servicios domiciliarios e implementar ejercicios de purga al servicio público de transporte que sirve de fachada para la escapatoria de los criminales luego de perpetrar los hechos delictivos. Deterioro del fenómeno de seguridad a manos de empresas delincuenciales que establecen unas rutinas que decantan un sólido modelo de acción con roles, días y horas específicas que ya demarcan el accionar de la economía ilícita.
El colombiano del común requiere retomar su cotidianidad sin ser víctima del raponazo, los asaltos de motoladrones, el acecho de bandas de delincuentes en taxi, y demás mecanismos que se emplean para romper el sosiego de la ciudad en cuarentena. Seguridad mató a confianza, pero para el resurgir de la actividad económica y productiva del país se requiere constituir un hábitat seguro, no se puede caer en la cultura de desconfiar de todo y de todos como dispositivo preventivo o máxima de supervivencia. Panorama abrumador donde el obscurantismo se constituye en el principal de los males de Colombia; tolerancia social con la descomposición que amaña maniobras, naturalizadas por algunos, que nubla el concepto de justicia ya bastante vago en un país donde el crimen queda impune.
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