Por este caso, la Fiscalía les imputó este viernes el delito de concierto para delinquir agravado a María Elvira Valencia Gómez (abogada experta en contratar con el Estado), a José Domingo Ardila Neira (exdiputado de Santander y exconcejal de Socorro), a Viviana Marleny Arias Garzón y a Yéssica Carolina Gómez Builes (intermediarias).
Gómez Builes fue la única que aceptó su responsabilidad en las irregularidades, y por eso recibirá una rebaja en su condena, informó Semana.
Estas 4 personas están vinculadas con la red que según la Fiscalía era encabezada por Marlon Marín Marín, sobrino del exjefe guerrillero alias ‘Iván Márquez’, que no estuvo en la audiencia debido a que actualmente se encuentra en Estados Unidos como parte de su colaboración con la justicia.
Tampoco asistió Jesús Aldemar Puello Rojas, que según su abogado presentó un problema médico.
En medio de la audiencia, dice la revista, el organismo acusador destapó varias conversaciones entre los implicados, y en una de ellas se escucha a José Domingo Ardila cuando explica cómo es el proceso para quedarse con al menos tres contratos millonarios del posconflicto.
“Hay tres proyectos que se presentaron con el doctor Rafael Pardo Rueda, que fue el que autorizó […] el de fauto y los dos pequeños están autorizados ya a nivel de presidencia y la Agencia Nacional”, dice el hombre, y le pide a una mujer que diga que “ustedes arrendaron el terreno… no hablen de compra ni de nada. ¿Oyó?”.
Luego, de acuerdo con el audio que publicó Semana, Ardila menciona a dos reconocidos políticos como los que están “ayudando” a materializar ese negocio.
“Unos (proyectos) los pequeños nos está ayudando el doctor (Jorge) Géchem, senador de la República, y los otros la doctora Argenis Velásquez, son algunos políticos que nos están ayudando allá para esa fundación”, manifiesta.
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Además de estas menciones, la Fiscalía asegura que los integrantes de esta red de ‘caza contratos’ se reunieron con funcionarios del Ministerio de Agricultura para, aparentemente, repartirse contratos con otras personalidades de la política a nivel nacional.
Las pruebas recopiladas pusieron al descubierto una red ilegal “que se habría dedicado a cooptar empresarios con el supuesto de garantizarles la entrega de los proyectos agrícolas y de construcción de las vías terciarias […] quienes presuntamente solicitaban a los interesados un porcentaje del valor total de los contratos o un anticipo para sellar la adjudicación de los mismos”, señaló la Fiscalía en un comunicado, en julio de 2018.
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