La entidad considera que esos presuntos actos de connotación sexual con alumnas y personal de la institución atentan “contra la integridad y rectitud que se le exige en la dignidad del cargo que ocupa”.
Entre tanto, el objetivo de la investigación es establecer las posibles irregularidades en las que pudo incurrir y determinar si constituyen una falta disciplinaria.
El Ministerio Público señaló que “la suspensión del funcionario es procedente, en atención a que la presunta conducta investigada podría reiterarse en el caso de continuar al frente de la institución educativa, pues en el desarrollo de sus funciones mantiene contacto con los estudiantes”.
Su permanencia en el cargo también podría obstaculizar el curso de la investigación y por eso la Procuraduría indicó que se requiere una medida cautelar.
“Así mismo se evitaría una reiteración de la presunta conducta, a lo que se suma la posible falta de garantías para la integridad de las posibles afectadas, que mantienen sus nombres bajo reserva al temer por su seguridad”, puntualizó el ente de control.
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