La razón, explicó el superintendente Andrés Barreto en Blu Radio, es que su entidad “carece de competencia” porque eso es un tema de “derecho privado entre los padres de familia y colegios privados”, por lo que el Ministerio de Educación es el que debe interceder.
“Yo puedo vigilar todo el resto del sector comercial e industrial en lo que tiene que ver con protección al consumidor, pero en este caso particular es un contrato de una naturaleza distinta y no podíamos hablar de una relación de consumo”, dijo el funcionario.
Por ese motivo, la SIC ha enviado una carta a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en la que le pide, de acuerdo con Portafolio, “una orientación para dar una respuesta acertada a los consumidores que nos han manifestado esta inquietud, en especial frente a la necesidad de definir el adecuado balance entre los servicios contratados, aquellos efectivamente disfrutados y aquellos que en el marco de esta situación no deben —o deberían— ser cobrados al no estarse causando ni prestando“.
Barreto indicó en la emisora que ha recibido más de 150 quejas de padres de familias porque los colegios privados siguen haciendo cobros “por concepto de los servicios de transporte, cafetería, actividades extracurriculares y otros”, pese a que los estudiantes no asisten a las instituciones por orden del Gobierno.
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