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La Sentencia 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia marcó un hito legal en Latinoamérica al reconocer a la Amazonia como un sujeto de derechos, lo que implica el deber estatal y social de proteger la selva para garantizar un ambiente sano y combatir la deforestación. Según La Patria, esta región es el hogar de 385 pueblos indígenas y una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, el fallo ha sido cuestionado debido a que las comunidades indígenas no participaron activamente ni fueron consideradas corresponsables de los procesos de protección ambiental. Esta omisión ha generado un debate sobre su efectividad y alcance real, evidenciado en escenarios como la Cumbre de Países Amazónicos 2025 y los Diálogos Amazónicos realizados en Bogotá.
La ausencia de las comunidades nativas, portadoras de conocimientos ancestrales y gestores tradicionales del territorio, representa un desacierto estructural de la sentencia. Líderes indígenas como Levy Andoke señalaron que el desconocimiento del autogobierno y los planes de manejo territorial indígenas debilita la tarea de preservar el equilibrio ecológico. Belkis Florentina Izquierdo, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), enfatizó que considerar la Amazonia únicamente como recurso natural con fines de explotación ignora su dimensión biocultural y espiritual. Izquierdo subraya que es indispensable reconocer la cosmovisión y diversidad étnica para lograr una protección ecosistémica eficaz, un criterio que coincide con los enfoques de justicia ambiental modernos.
La Corte Constitucional de Colombia, evidenciando las limitaciones de la Sentencia 4360, había anticipado en 2016 la importancia de incorporar los llamados derechos bioculturales en la Sentencia T-622 sobre el río Atrato, haciendo énfasis en la autodeterminación indígena. La falta de integración de estos conceptos en el caso de la Amazonia provocó retos directos para los habitantes frente a problemáticas como la deforestación, minería ilegal y cultivos ilícitos, según el investigador Gabriel Ricardo Nemogá. Como respuesta, la Sentencia de tutela 106 de marzo de 2025 ordena la creación de espacios de diálogo intercultural entre el Estado y las comunidades indígenas, junto con el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (Pivac), apuntando a una participación genuina y activa de los pueblos originarios.
La experiencia internacional, particularmente la de Nueva Zelanda, ha evidenciado que la inclusión de pueblos indígenas en la gestión de territorios reconocidos legalmente como sujetos de derechos fortalece tanto la protección ambiental como la justicia social. Según la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), integrar a las comunidades locales reduce efectivamente la deforestación y la pérdida de biodiversidad. En Colombia, reportes de la Fundación Gaia Amazonas y Mongabay Latam refuerzan que sin la participación indígena la conservación amazónica resulta inviable.
El reto para el Estado colombiano y su sistema judicial consiste en adaptar las sentencias a las realidades y pluralidades territoriales, garantizando que el reconocimiento jurídico de la naturaleza vaya de la mano con la participación efectiva de los pueblos indígenas y políticas públicas robustas. Como recalca Nemogá, solo la inclusión sustancial de las voces originarias permitirá avanzar hacia un modelo de defensa ambiental sostenible y justo. Las fuentes consultadas —desde análisis jurídicos hasta el testimonio de líderes indígenas— coinciden en que el camino para asegurar la supervivencia de la Amazonia y sus comunidades debe centrarse en la justicia ambiental con enfoque intercultural.
¿Qué son los derechos bioculturales y por qué son importantes en la protección de la Amazonia? El concepto de derechos bioculturales hace referencia a la protección integrada de la biodiversidad y las expresiones culturales asociadas a los territorios. En el caso de la Amazonia, reconoce la influencia de los saberes ancestrales y la autonomía indígena en la conservación ecosistémica. La omisión de este enfoque en la Sentencia 4360, a pesar de antecedentes judiciales relevantes, ha dificultado una protección efectiva, ya que desconoce la relación profunda que las comunidades nativas tienen con su entorno y cómo sus prácticas tradicionales contribuyen a la sostenibilidad ambiental.
¿Por qué es relevante la cosmovisión indígena para la justicia ambiental? La cosmovisión indígena comprende una percepción del territorio y la naturaleza como sujetos vivos y sagrados, lo que implica una responsabilidad compartida en su cuidado. Este enfoque trasciende la explotación de recursos para integrar valores espirituales y bioculturales en las políticas ambientales. La inclusión de esta perspectiva en los procesos judiciales y de toma de decisiones resulta fundamental, según voces expertas citadas en La Patria, para construir una defensa real y sostenible de la Amazonia frente a amenazas como la deforestación, la explotación minera y la agricultura extensiva.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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