Así lo publica El Colombiano, González comenzará su curso de inglés con la universidad Eafit el próximo jueves 19 de mayo.

Fuentes de la administración dijeron a ese diario que los servidores públicos cuentan con beneficios como el subsidio de ese tipo de cursos:

“70 % del valor de cursos que hagan a través del programa de aprovechamiento del tiempo libre, entre el 70 % y el 80 % del semestre si se trata de carreras de pregrado o postgrado en centros debidamente reconocidos, o hasta el 100% si la materia o el tema mejora una capacidad que se necesite para el desempeño de sus funciones”.

Sin embargo, el rotativo indica que no sería un curso cualquiera, sino un “servicio corporativo tipo premium” en el que el profesor se traslada al lugar de conveniencia y generalmente se hace en grupos pequeños, aunque en este caso sería personalizado.

Pero de lo que más ha llamado la atención, prosigue el diario, es que el trámite habría resultado inusualmente expeditivo, de un día a otro, siendo que en la mayoría de los casos no se hace en menos de un mes.

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Todo esto además de la posible extralimitación de sus funciones y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pues hay varias situaciones en las que ella misma se convertiría en juez y parte, comenta El Colombiano.

Primero, señala que el que debía haber firmado la resolución debería ser el superior de la funcionaria, o sea el propio alcalde, quien también debería haber justificado que tomara el curso, pero en este caso fue suficiente con lo que ella misma argumentó.

Algo parecido sucedería cuando termine el estudio, momento en el que debería certificar que aplicó en su gestión los conocimientos adquiridos, análisis que, tal como está, quedaría a juicio de sí misma.

El medio concluye recordando que la Ley 1952 de 2019 habla de una falta al “adoptar decisión administrativa o concepto técnico o jurídico con el fin de favorecer intereses propios o ajenos, en contravía del bien común o del ordenamiento jurídico”.