Sandra Tatiana Mosquera Mosquera fue presentada ante un juez de control de garantías como presunta responsable del homicidio de uno de sus compañeros sentimentales el pasado 21 de abril de 2024 en Anserma, Caldas. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados, y adoptó como medida preventiva su reclusión en un centro carcelario. Además de este hecho, Mosquera Mosquera es investigada por la muerte de otras dos exparejas y por una agresión armada contra su hermano, según informó Crónica del Quindío, lo que sugiere una inquietante repetición de conductas violentas en su entorno cercano.
El dictamen de Medicina Legal, citado por la misma fuente, precisó que la víctima sufrió golpes y múltiples heridas de arma cortopunzante antes de ser desmembrada. Los restos fueron hallados en zonas rurales como El Tulfor y en una alcantarilla del puente Lázaro, hechos que permiten inferir un alto grado de premeditación y brutalidad. El retiro y desplazamiento del cadáver en maletas refuerza la tesis de que este crimen va más allá de un acto impulsivo, encuadrándose en patrones que llaman la atención de las autoridades forenses y judiciales. Paralelamente, se investiga la venta de la motocicleta de la víctima por un millón de pesos colombianos, evidencia de un posible móvil económico conectado al homicidio, como reportó la Fiscalía y Crónica del Quindío.
Las pesquisas se extienden ahora a otros asesinatos ocurridos en Pereira y Santuario (Risaralda), cuya posible autoría apunta a una conducta delictiva organizada y persistente, con rasgos y métodos similares en diferentes escenarios. Este comportamiento refleja las dificultades de las instituciones judiciales para prevenir reincidencias y proteger a potenciales víctimas, particularmente en contextos marcados por la proximidad emocional de los involucrados.
Más allá del caso específico, el fenómeno de violencia de pareja y los crímenes dentro de relaciones íntimas exponen una problemática estructural en Colombia y América Latina. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia reportó más de 1.200 feminicidios en 2023; la socióloga Ana María Buitrago, entrevistada por El Espectador, atribuyó el crecimiento de estos casos a fallas en la protección de las víctimas y a políticas de prevención insuficientes.
En regiones como Caldas y Risaralda, los conflictos interpersonales y la desigualdad social constituyen el trasfondo de numerosos hechos violentos, según observó el Observatorio de Violencia de la Universidad de Antioquia. A ello se suman los retos de la investigación criminal, especialmente por el uso de armas cortopunzantes y el ocultamiento de evidencias, lo que impulsa la incorporación de tecnología forense y plataformas de datos como NINA del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), mencionada en la LatAm Journalism Review.
La cobertura de este tipo de delitos exige un abordaje riguroso, basado en fuentes oficiales, documentación certificada y el respeto a los principios del periodismo responsable, en línea con las directrices de la Fundación Gabo. A través de la transparencia y la investigación judicial, la sociedad reclama justicia mientras urge a la academia, el Estado y la comunidad a fortalecer las estrategias de prevención y garantizar una vida libre de violencia en los escenarios domésticos.
¿Qué implica el delito de hurto calificado y agravado? Este concepto, según la legislación colombiana, se refiere al robo de bienes, agravado por circunstancias como el uso de armas, la violencia contra la víctima o la premeditación. En este caso, la imputación por hurto calificado y agravado se da por la apropiación y venta de la motocicleta de la víctima tras el homicidio, lo que añade un componente económico a la conducta investigada. La gravedad de estos delitos puede incrementar las penas y afectar las posibilidades de beneficios jurídicos para los acusados.
¿Cómo contribuyen las plataformas de datos al esclarecimiento de crímenes? En la investigación criminal contemporánea, herramientas tecnológicas y plataformas de datos como NINA permiten conectar información dispersa de distintos crímenes y sospechosos, facilitando la identificación de patrones y relaciones entre hechos aparentemente independientes. Estas metodologías fortalecen la capacidad probatoria de los organismos judiciales y optimizan la búsqueda de justicia en contextos marcados por la violencia reiterada y el ocultamiento de evidencia, como se observa en este caso y otros similares en Latinoamérica.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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