El general (r) Rodolfo Palomino, quien fue director de la Policía, tiene una cita con la justicia el próximo 22 de noviembre, a las 2:00 p. m., en calidad de testigo. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo citó para que entregue información en medio del dilatado juicio en contra del parapolítico y excongresista Álvaro ‘el Gordo’ García, a quien se le atribuye el desplazamiento forzado de decenas de campesinos tras la masacre paramilitar de Macayepo (Bolívar), en el 2000.
Como lo conoció El Espectador, la orden fue emitida por el magistrado Jorge Emilio Caldas y el testimonio será recopilado por el magostado auxiliar Álvaro Páez Uribe. Así mismo, asistirán Jairo Castillo Peralta; Manuel Tuiran Álvarez; Sergio Tovar Punido; Dully Rubio; el exjefe paramilitar Luis Robles Mendoza, conocido como alias ‘Amaury’; y el exparamilitar Uber Enrique Banquez, alias ‘Juancho Dique’, condenado por la cruda masacre del Chengue (Sucre), en la cual 30 campesinos fueron asesinados, incluso, con golpes de martillo en sus cabezas.
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A principio de año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó al ‘Gordo’ García tras considerar que el aporte a la verdad del conflicto que prometió se quedó en las meras ilusiones. Y tenía mucho para contar, pues siendo senador y representante a la Cámara, configuró una de las más poderosas alianzas de parapolítica con criminales de la talla de Salvatore Mancuso, con quien creó el Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc.
Tras su expulsión de la JEP, la cual lo aceptó en 2018 como agente del Estado, todos los procesos de García regresaron a su juez competente: la Corte Suprema de Justicia. Uno de ellos es un antiguo juicio que incluso se inició en la alta corte desde 2016, relacionado con el desplazamiento de decenas de campesinos de Macayepo. Fue allí donde paramilitares, a principio de milenio, entraron y acabaron con la vida de 12 inocentes campesinos, bajo las órdenes de Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’.
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La prueba reina en este caso es una conversación que interceptó la Policía de Sucre el 6 de octubre de 2000, días previos a la masacre, en la que el ganadero Joaquín García le pidió al entonces senador García Romero que gestionara un movimiento de tropa de la Brigada de Infantería de Marina para facilitar la incursión paramilitar.
“Yo me puedo ir mañana a las 8 a la Brigada y puedo pedirle incluso al gobernador que me colabore con eso”, le dijo García Romero. En la charla, además, se habló de la incomodidad que estaban generando en las autodefensas las actuaciones de “los verdes” de la Policía.
Según la Corte, el propósito de la masacre fue consolidar la expansión de las autodefensas en la región y recuperar unas vacas que le habían sido hurtadas por la guerrilla al exgobernador Miguel Nule Amín y al ganadero José Joaquín García. Ya entonces el proyecto paramilitar se había instalado en los más altos cargos públicos de Sucre, mientras los parlamentarios que manejaban los hilos del poder maniobraban en la tras escena con los jefes paramilitares Juancho Dique, Diego Vecino y Cadena, quienes decidían los tiempos y lugares de su cruzada asesina.
La magnitud de la tragedia hizo que decenas de campesinos huyeran despavoridos de sus hogares en las veredas El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo y El Floral, del corregimiento de Macayepo, muy cerca del Carmen de Bolívar (Bolívar). La Corte documentó el imperio político que erigió García Romero durante 24 años como congresista y su poder y ascendencia sobre la Fuerza Pública. Por la masacre, ‘el Gordo’ García fue sentenciado a 40 años de prisión. En una semana se conocerá lo que tiene que aportar el general (r) Palomino al caso.
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