El exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) José Manuel Barrera y el contratista Luis Andelfo Trujillo serán los dos testigos claves de la Fiscalía en el juicio contra del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández y otras seis personas. Todos están implicados en irregularidades del contrato de consultoría 096 de 2016 para la implementación de nuevas tecnologías en el manejo de residuos sólidos en El Carrasco por 336 millones de pesos.
Así lo anunció el fiscal del caso, Jorge Villamizar, al señalar que en las próximas diligencias judiciales llamará Barrera y Trujillo para que entreguen su testimonio sobre la forma como se habría direccionado el contrato en cuestión.
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“La Fiscalía llamará como testigo al señor Luis Andelfo Trujillo para que cuente la forma como incluso, de manera anticipada, se direccionó el contrato de asesoría a favor del señor Jorge Hernán Alarcón, quien a su vez tenía la tarea de posteriormente favorecer a otras empresas como Vitalogic para el manejo de los residuos sólidos de la ciudad”, manifestó el Fiscal que lleva el caso.
Trujillo es el contratista que prendió el ventilador del escándalo conocido como Vitalogic, al denunciar la firma de un corretaje se consigna la distribución de comisiones por la asignación del contrato de más de 250 millones de dólares. En estas comisiones aparecen señalados Luis Carlos Hernández, hijo del exalcalde, Rodolfo Hernández, Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, denunciante y Jorge Hernán Alarcón, asesor contratado por la Emab para el proceso de adjudicación de la licitación de las basuras de El Carrasco.
Testigo contra Rodolfo
Del mismo modo, el fiscal Villamizar indicó ante el despacho que también llamará al estrado en calidad de testigo, el exgerente de la Emab, José Manuel Barrera, quien atestiguará en contra del exalcalde Rodolfo Hernández como el presunto determinador en el direccionamiento del contrato de consultoría 096 de 2016.
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“También se citará al señor José Manuel Barrera quien señalará cómo el exalcalde, aprovechando su cargo como presidente de la junta de la Emab, presionó para que el señor Barrera en su calidad de gerente de la Emab le entregara el contrato de consultoría a Jorge Hernán Alarcón, a pesar de que no cumplía con los requisitos para la envergadura del proyecto. Así mismo, Barrera señalará y aclarará la participación de Abigail León, Abelardo Durán, Rubén Amaya y César Fontecha, como participantes en el direccionamiento del contrato de consultoría”, agregó Jorge Villamizar.
En sus declaraciones ante la Fiscalía, José Manuel Barrera ha detallado que tiene como probar que el excandidato presidencial Hernández tuvo pleno conocimiento de las posibles irregularidades y ha mencionado una reunión que el mismo exmandatario citó en su residencia en Bucaramanga para coordinar la contratación de Alarcón.
“De todas las propuestas el alcalde de la época, Rodolfo Hernández Suárez, se interesó por la de Jorge Hernán Alarcón Ayala. Por tal razón, indicó a José Manuel Barrera Arias que citara a Jorge Hernán Alarcón Ayala y a César Augusto Fontecha Rincón, asesor jurídico de la Emab S.A. E.S.P., a su apartamento. Una vez se llevó a cabo la reunión en la residencia de Rodolfo Hernández Suárez dio la orden a José Manuel Barrera Arias y a César Augusto Fontecha Rincón, de iniciar el contrato con Jorge Hernán Alarcón Ayala”, señaló la Fiscalía al momento de aprobar el principio de oportunidad elevado por el exgerente de la Emab.
Sin preacuerdo
Aunque el exgerente de la Emab José Manuel Barrera, al ofrecer su colaboración judicial había solicitado inmunidad total frente a los siete delitos que le endilga la Fiscalía, solo se le autorizó inmunidad parcial, por seis delitos, y se le continuará investigando por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Los otros cargos quedaron suspendidos por un año.
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En tal sentido, la defensa de José Manuel Barrera intentó en reiteradas ocasiones llegar a un preacuerdo con la justicia, en el cual el exgerente aceptaba de manera anticipada los cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que le endilga el ente acusador a cambio de una reducción de hasta la mitad de la pena.
Sin embargo, el juez de caso consideró que el preacuerdo firmado entre la Fiscalía no cumplió los requisitos de ley ni la jurisprudencia establecida para la realización de preacuerdos, razón por la cual no avaló dicha solicitud.
“Le dieron la calidad de cómplice y le descontaron el 50 % de la pena, la rebaja debió ser de 1/6 parte. El presupuesto acuerdo parcial con la Fiscalía era aseguramiento domiciliario, pero el juez no aceptó y dice que va para la cárcel; sigue la audiencia de José Manuel Barrera”, explicó una fuente cercana al juicio.
Con la desaprobación del preacuerdo, José Manuel Barrera no aceptó los cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, sin que esto afecte su compromiso de testificar en contra de Rodolfo Hernández y los seis implicados más en este proceso penal.
“La Fiscalía no tiene cómo demostrar que el doctor Barrera incurrió en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en este caso. Eso lo demostrará esta defensa en el juicio. Así mismo, el doctor Barrera colaborará y brindará su testimonio sobre la forma como fue presionado por parte de sus jefes jerárquicos para direccionar el contrato de asesoría a favor de un solo contratista, con complicidad de varios exfuncionarios de la Emab”, señaló la defensa de José Manuel Barrera en su intervención en la instalación del juicio.
Caso en la Corte
Aunque por este hecho también está siendo investigado Rodolfo Hernández, el proceso en contra del excandidato presidencial pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia debido a su nuevo fuero como Congresista de la República.
Práctica probatoria
El juez 10 penal del Circuito de Bucaramanga anunció que el próximo 26 de septiembre se reanudará el juicio en contra de José Manuel Barrera, César Fontecha, Jorge Alarcón, Rubén Enrique Amaya, Abelardo Durán y Abigail León, en a fase de práctica probatoria, por las irregularidades en la celebración del contrato de consultoría 096 de 2016, que tenía como objeto realizar la elaboración y evaluación técnico-ambiental, financiera y jurídica para la implementación de nuevas tecnologías en el sitio de disposición final de residuos sólidos de El Carrasco, por $ 336 millones.
Todos los implicados se declararon inocentes.
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