La reforma al Código Electoral está en su recta final: antes del próximo 20 de junio, cuando acabe la actual legislatura, debe haber cumplido sus cuatro debates para convertirse en ley. De lo contrario, el proyecto naufragará, pues al ser un proyecto de ley estatutaria no puede discutirse en sesiones extras.
Luego de que en el mes de abril la Comisión Primera del Senado lo aprobara en su primer debate, el proyecto llegó este martes a la plenaria para su segunda discusión. La iniciativa es impulsada desde el Gobierno Nacional, desde la Registraduría y por algunos congresistas, pero ha recibido fuertes críticas sobre la falta de garantías que dejaría para las elecciones en Colombia.
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Entre lo aprobado en este segundo debate está uno de los puntos más polémicos y que ha sido rechazado por distintos sectores: el artículo que otorga la facultad exclusiva al registrador nacional para determinar las condiciones y características de seguridad de la cédula.
Este punto ha sido cuestionado por entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE), que recientemente advirtió que va contra el pronunciamiento de la Corte Constitucional según el cual esa es una tarea del Congreso de la República.
“De adoptarse la disposición propuesta en el proyecto de Código, se estaría contraviniendo el pronunciamiento de la Corte Constitucional del pasado 20 de abril frente a la regulación de la identificación. Es importante tener presente que el alto tribunal dejó claro que esta regulación está reservada al Congreso, debido a que involucra el manejo de información sensible de todos los ciudadanos que debe contar con garantías y especiales protecciones”, dijo recientemente Marlon Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la MOE.
Otro de los puntos fundamentales de la reforma también fue aprobado este martes por la plenaria: el voto electrónico mixto. Según la forma en que se aprobó, se aplicaría a partir del año 2029 y no sería obligatorio, sino que se haría de forma progresiva.
Otro de los puntos aprobados por la plenaria es la recategorización del cargo de registrador municipal, que pasaría del nivel técnico al nivel profesional.
Asimismo, otro de los artículos más polémicos del proyecto se hundió en el debate: el del empadronamiento. Según este, los ciudadanos iban a estar obligados a informarle a la Registraduría su cambio de domicilio dentro de los dos meses siguientes a su traslado. De no hacerlo, decía el artículo, se impondría una multa de medio salario mínimo mensual vigente.
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