Alfonso Plazas Vega es quizá el militar más tristemente célebre y famoso de la historia contemporánea del conflicto armado en Colombia. Se trata de un hombre que profirió una frase que está en el imaginario del pueblo colombiano: “¡Mantener la democracia, maestro!”. Frase que lanzó in situ mientras en 1985 el Palacio de Justicia era convertido en cenizas y desaparecían magistrados, empleados y guerrilleros.

El coronel Plazas Vega es un hombre que nació el 21 de junio de 1944, en las entrañas del departamento de Boyacá. Era el hombre al mando de la Escuela de Caballería de Bogotá en el momento de la toma y retoma del Palacio. Además está casado con Thania Vega, hija del General Miguel Vega Uribe, quien era el ministro de Defensa de Belisario Betancourt —presidente que dio la orden de la retoma al Palacio a pesar de las advertencias de las posibles muertes que podrían conllevar—.

Su tío paterno fue también coronel de la República y un primo hermano oficial de la Fuerza Aérea Colombiana. Tuvo varios cargos en las Fuerzas Armadas:

  • Fue comandante del grupo Guías de Casanare en Yopal (1982)
  • Comandante de la Escuela de Caballería en Bogotá (1985-1986).
  • Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares (1987-1988).
  • Jefe del Estado Mayor de la Segunda Brigada en Barranquilla (1989-1990).
  • En 1990 fue agregado militar adjunto en Madrid.

Plazas Vega ha tenido una historia cercana con el poder militar y político colombiano. Este hombre se retiró de la vida castrense en 1992. Un militar con formación no solo castrense sino académica: es historiador y administrador de empresas. Ha sido profesor en universidades, y en el 2002, en la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez, llegó a regentar la Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia, de donde salió por denuncias de mal manejo de los recursos de la institución.

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En 2010 Alfonso Plazas Vega, fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Hallado responsable de la desaparición forzada de diez civiles y una guerrillera del M-19. La condena de parte de la juez María Stella Jara fueron 30 años de prisión. De los cuales purgó 8. Este mismo juzgado dijo: “Comandó, desde una posición relevante, buena parte de las maniobras tácticas y de inteligencia desplegadas a tal punto que, como se verá enseguida, varios de los declarantes en este proceso lo destacaron como ‘el Comandante de las Operaciones'”.

Este capítulo todavía tiene zonas oscuras. La responsabilidad del entonces presidente Belisario Batancourt es una de ellas. Además, una de las más importantes es la cantidad de desaparecidos: una cifra sobre la cual no hay consenso por parte de las entidades del estado y otras instituciones que han dedicado esfuerzos por develar la verdad de lo ocurrido la noche y madrugada del 6 y 7 de noviembre de 1985.

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