Todo parece indicar que, el capítulo en torno al debate suscitado por la inquietud de conocer quién debe hacerse cargo del pago del servicio de agua de las instituciones educativas oficiales de la ‘Ciudad de los Puentes’, tiene puntos suspensivos.

Luego de que 7 planteles, que acogen alrededor de 3.000 estudiantes cumplieran cerca de 12 días sin contar con el suministro de acueducto y alcantarillado, por cuenta del no pago de los recibos desde hace por lo menos 11 meses, se conoció que, durante la noche del pasado lunes se restableció el recurso.

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Asunto que tuvo lugar tras el acuerdo al que llegaron la Gobernación del Tolima, la Alcaldía municipal y la empresa prestadora del servicio Honda Triple A, en medio de una mesa de concertación en la que también participaron miembros de la comunidad educativa.

De acuerdo con Julian Fernando Gómez Rojas, secretario de Educación Departamental, que junto a Martha Palacios Uribe y Javier Triana Parra, jefes de la cartera de Salud e Interior, respectivamente, actuó como delegado del gobernador Ricardo Orozco, el Gobierno seccional se hará cargo de lo que se adeudaba hasta mayo del presente año.

Así las cosas, en cuentas del funcionario, se hace referencia a un monto que ronda los $70 millones. Entretanto, la Administración municipal asumirá el costo de las facturas emitidas desde junio hasta culminar el 2022.

Sin embargo, Gómez Rojas recordó que, el acuerdo de voluntades celebrado en 2012 entre la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Honda, en aquel entonces en cabeza de Luis Carlos Delgado Peñón y José Alonso Montero Ortiz, respectivamente, referente al compromiso por parte del Municipio, de responder por los servicios públicos de los colegios oficiales, sigue en pie.

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Igualmente, trajo a colación el fallo proferido el 19 de agosto de 2021 por el Juzgado Primero Municipal de Honda frente a una acción de tutela interpuesta por Christian Camilo Granja Argüello, en calidad de personero Municipal, por una presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna y al agua potable de los estudiantes de cuatro colegios a los que les fue suspendido el servicio por cuenta del vencimiento del pago de facturas.

Ante tal recurso, no solo se ordenó a las empresas Honda Triple A E.S.P y su operador Cordilleras S.A.S reconectar el servicio de agua potable dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de dicho fallo, sino que también se desvinculó de la actuación judicial a las secretarías de Educación y Salud de la región y la Gobernación.

“El Alcalde insiste en que el acuerdo de voluntades no está vigente, entonces le dijimos que lo demandara y, una vez lo haga, hacemos la revisión de qué va a pasar de diciembre en adelante”, acotó Gómez Rojas.

Cabe mencionar que, en su momento, el mandatario Richar Fabian Cardozo Contreras, manifestó a EL NUEVO DÍA que el pacto suscrito por las entidades hace más de una década ya no tendría validez.

Si bien aceptó que para dicha época el burgomaestre de turno se habría comprometido a ayudar con obligaciones concernientes a los servicios domiciliarios, “para poder suscribir de ahí en adelante, debía haberle pedido autorización al Concejo Municipal y poder tramitar así vigencias futuras, y sin esa autorización el acuerdo no tiene validez”, explicó.

¿Qué viene?

Por su parte, Johannes Lugo, gerente de Honda Triple A, expresó, respecto a los $99 millones que se adeudan actualmente a raíz del vencimiento de las facturas, que gracias al acuerdo la situación se subsana por este año.

No obstante, es consciente que para el 2023 será necesario que el Gobierno seccional y la Administración municipal establezcan diálogos nuevamente, ya que la inquietud por saber quién asumirá el pago del servicio en ese periodo volverá a ser un asunto que ocupará la agenda.

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“Es una situación muy desafortunada para nosotros las empresas, el municipio y mucho más para las instituciones educativas, pero es una situación que llevamos tratando de resolver desde 2016, que fue el año en que inició la empresa.

Nos deja en casos apremiantes, pues para sostener la operación, pagar nómina y comprar insumos con los cuales potabilizar el agua, el recaudo es clave para poder garantizar el servicio a toda la comunidad”.

En ese orden de ideas, y al igual que la comunidad educativa, destacó la importancia que se determine quién asumirá de una vez por todas el costo del servicio, con el ánimo que el proceso de aprendizaje no resulte vulnerado por tal panorama.

Suministrada / EL NUEVO DÍA. Entre el 16 y 17 de octubre surtieron de agua los tanques de los planteles educativos.
Suministrada / EL NUEVO DÍA. Entre el 16 y 17 de octubre surtieron de agua los tanques de los planteles educativos.

El servicio había sido suspendido desde el 11 de octubre, mientras los alumnos estaban en semana de receso.