Durante el primer bloque del foro periodístico ‘Otras memorias y miradas al silencio’, que se realiza en el marco de la primera Semana de la Investigación, Creación Artística y Extensión, de la Universidad Nacional, sede de La Paz, tuvieron lugar reflexiones en torno a la responsabilidad histórica del Estado colombiano frente al asesinato de periodistas, los paradigmas del paramilitarismo en el Cesar, el mercenarismo estatal y corporativo, entre otras temáticas, a la luz del caso de Guzmán Quintero Torres, periodista de EL PILÓN asesinado hace 23 años, cuando se desempeñaba como jefe de redacción del diario. 

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La senadora del partido Comunes, Imelda Daza, quien estuvo invitada a esta primera parte del foro, pidió excusas por no asistir, debido a una reunión de último momento. Rosembert Ariza y Miguel Ángel Beltrán, ambos profesores de la UNAL, sede Bogotá, y el periodista Hamilton Fuentes, sentaron sus aportes en el conversatorio moderado por Maria Elvira Naranjo, también docente de la UNAL Bogotá.

“El caso emblemático de Guzmán Quintero nos permite, si se quiere, tomar una muestra universal del resto de casos de periodistas víctimas que permanecen en la impunidad. Cuando llegamos a las voces, a los testimonios, a los documentos consultados, encontramos que hay una contradicción. Efectivamente, el Estado ha sido responsable”, sostuvo Hamilton Fuentes.

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De otro lado, Rosembert Ariza, precisó que “se ha desmentido una tesis muy común de las élites y las clases dominantes del Cesar y del norte de Colombia: que el paramilitarismo se justificó por los desmanes de la guerrilla y por su accionar. Uno descubre que es una mentira contada a muchas voces. Además, el mercenarismo de Estado y el mercenarismo corporativo se combinaron y expresaron plenamente. Lo uno, quiere decir que el Estado pareciera no tener el control del territorio y otorga a unas personas el trabajo sucio. Lo otro consiste en aliarse con empresas multinacionales y usar el control militar, auspiciado por el aparato armado”. 

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Asimismo, Ariza aludió al batallón La Popa, de Valledupar, como un lugar a favor del silenciamiento, en la historia reciente de esta región, de distintos actores sociales y de violación sistemática a los derechos humanos. Señaló el deber de “pedir que se cierre en un acto de reparación histórica, porque ha tenido que ver con todo el genocidio que se ha hecho en el norte de Colombia”.

Por su parte, el docente Miguel Ángel Beltrán, aseguró que “el silenciamiento no termina con el aniquilamiento de la persona –en este caso, con el de Guzmán Quintero- sino que empieza otra fase del terrorismo de Estado y pasa por el memoricidio, por borrar la memoria de esa persona. El mensaje que estos crímenes han querido dar a la sociedad es que nadie está exento. Si le pasó a Guzmán, puede pasarle a cualquier otro periodista crítico”.

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