El órgano de control solicitó detener la contratación de ese proyecto porque no existe una armonía entre los estudios y diseños de esa troncal y las obras del Plan Parcial de Renovación Urbana ‘El Pedregal’, lo cual “podría generar una eventual parálisis en la construcción del proyecto”, según sus consideraciones.

Cabe recordar que ese plan está ubicado en la esquina noroccidental de la intersección de las avenidas Calle 100 y Carrera Séptima, en la localidad de Usaquén, y “comprende siete manzanas del sector catastral Escuela de Infantería, del barrio El Pedregal”, indica la Secretaría de Planeación.

En ese sentido, la Procuraduría destacó que esa armonización responde es un factor técnico que debió ser definido antes de abrir el proceso de selección porque “incide desde la estructuración de la oferta por parte de los interesados hasta la correcta planeación del contrato”.

Además, dice la entidad, tiene efectos en la “ejecución del bilateral” de esos proyectos, pues “podría conllevar demoras” en la construcción de la troncal de la Séptima, “obras adicionales y un posible detrimento al patrimonio público”.

Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que no existe evidencia de que “los estudios y diseños aprobados por el IDU el 15 de noviembre de 2016 se hubieran modificado” y concertado con el constructor de El Pedregal.

Por esa razón, Mantilla enfrentará una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la licitación de más de 2 billones de pesos, para la construcción de esa troncal de Transmilenio, pues el “proceso de contratación solo debe iniciarse cuando los factores jurídicos, económicos, técnicos y materiales que sean previsibles, estén agotados”.

Junto con ella, quedaron vinculados a ese proceso:

– El subdirector General de Infraestructura, Edgar Francisco Uribe Ramos.
– La subdirectora General Jurídica, Martha Liliana González Martínez.
– El director técnico de Procesos Selectivos, Ferney Baquero Figueredo
– El director técnico de Proyectos, Jose Salomón Strusberg Rueda.
– El asesor de la Dirección General, José Javier Suarez Bernal.
– El director técnico de Construcciones, Luis Alberto D´Pablo Ramírez.
– El director general de Infraestructura, Alejandro Morales Montaña.

Con esta petición, el órgano de control aseguró que busca “preservar el ordenamiento jurídico, evitar un posible detrimento al patrimonio público y una afectación a la calidad de vida de los habitantes de Bogotá”.