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La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar en contra de funcionarios del Ministerio de Transporte de Colombia, específicamente aquellos responsables de implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en Armenia durante el periodo 2021‑2024. De acuerdo con lo informado por la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, existen sospechas sobre posibles irregularidades en el manejo financiero y en el cumplimiento de obligaciones contractuales relativas a este sistema. Se señala que los pagos efectuados no corresponderían con los montos, plazos y condiciones estipulados en los convenios, lo cual pone en tela de juicio la transparencia y el control en la ejecución de los recursos públicos, según fuentes oficiales originales.
La investigación también se extiende al papel que ha tenido la Alcaldía de Armenia en la creación y administración del Fondo de Estabilización Tarifaria, un mecanismo diseñado para asegurar la sostenibilidad económica del sistema sin trasladar el peso total a los usuarios. Este fondo fue aprobado por el Concejo Municipal en agosto y debía estar reglamentado dentro de los seis meses posteriores a su aprobación. Su función principal es cubrir la diferencia entre la tarifa técnica, es decir, el costo real de operación del sistema bajo parámetros modernos, y la tarifa que pagan los usuarios, con un especial énfasis en proteger a los ciudadanos de menores ingresos. De acuerdo con las proyecciones presentadas, hacia 2026 se espera contar con aproximadamente $6.000 millones en este fondo, alcanzando hasta $9.000 millones según la demanda del sistema. Su figura se asemeja más a una garantía financiera que a un subsidio directo a los pasajes.
El contexto en el que surge esta indagación es relevante para comprender la magnitud del caso. El SETP de Armenia representa uno de los componentes fundamentales en la modernización de la movilidad urbana local, persiguiendo además metas socioeconómicas y ambientales ligadas a lineamientos nacionales de movilidad sostenible de cara a 2040. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como cofinanciador junto a la Nación y el municipio, establece requisitos estrictos en cuanto a la viabilidad económica del proyecto, lo que significa que cualquier anomalía detectada puede tener repercusiones no solo técnicas sino también en términos de confianza internacional.
Frente a situaciones de este tipo, el periodismo de investigación desempeña un rol esencial. María Teresa Ronderos, especialista en el campo, subraya la importancia de emplear fuentes verificadas, como solicitudes oficiales, entrevistas y documentos públicos para cimentar un relato responsable. Herramientas creadas por organizaciones como el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, tales como NINA, proporcionan apoyo en el cruce de bases de datos, identificando patrones de riesgo en la contratación pública que pueden resultar ilustrativos para las indagaciones oficiales.
La Fundación Gabo también plantea la necesidad de confrontar la información y analizar el impacto tangible sobre los ciudadanos y la movilidad urbana, enfatizando la responsabilidad social del periodismo. En Armenia, una administración ineficaz podría traer consecuencias como retrasos en la consolidación del proyecto, pérdida de respaldo financiero y aumento de costos para actores vulnerables, como se ha evidenciado en experiencias de otras ciudades colombianas que han enfrentado problemáticas similares.
De este modo, la indagación emprendida por la Procuraduría no solo reviste importancia legal y administrativa, sino que también invita a un examen más profundo sobre las oportunidades y desafíos para alcanzar un transporte público verdaderamente equitativo y sostenible en Armenia.
¿Cómo funciona el Fondo de Estabilización Tarifaria?
El Fondo de Estabilización Tarifaria fue creado con el objetivo de mantener la sostenibilidad financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Armenia sin trasladar todo el costo operativo a los usuarios. La tarifa técnica, que representa el costo real de brindar el servicio con estándares modernos, puede ser superior a la tarifa que finalmente pagan los ciudadanos. Por ello, el fondo interviene absorbiendo esta diferencia, en especial para proteger a los habitantes de estratos bajos y evitar incrementos súbitos que repercutan negativamente en la asequibilidad del servicio.
Su financiación proviene de recursos públicos municipales y aspira a contar con sumas significativas en el corto y mediano plazo, tal como lo muestran las proyecciones para 2026. El manejo adecuado y la reglamentación oportuna de este fondo son aspectos cruciales para que cumpla su función y contribuya así al éxito del sistema de transporte en Armenia.
¿Por qué es relevante la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el proyecto?
El Banco Interamericano de Desarrollo, organismo internacional de crédito, interviene como cofinanciador del Sistema Estratégico de Transporte Público de Armenia junto a la Nación y el municipio. Su apoyo implica la exigencia de criterios estrictos en el manejo de fondos y viabilidad financiera a largo plazo, condiciones que repercuten directamente en la permanencia y calidad del proyecto. La confianza de los inversores, tanto internos como externos, se ve afectada si existen irregularidades administrativas o financieras.
El BID también introduce metodologías de seguimiento y evaluación rigurosas, influyendo en la adopción de mejores prácticas para la administración de recursos y la operación del sistema. De esta manera, la intervención del BID no solo provee capital, sino también garantías técnicas y reputacionales para la sostenibilidad del SETP en Armenia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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