El órgano de control encontró méritos suficientes para avanzar en el proceso, luego de una indagación previa que hizo la delegada de Función Pública.
En ese paso se escucharon las explicaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia y el Fondo de Programas Especiales para la Paz, se recolectaron pruebas que permitieron pasar de una acción preventiva a una de carácter disciplinaria.
Fernando Carrillo, procurador general, hizo el anuncio en una rueda de prensa conjunta con la Fiscalía y la Contraloría en medio de la campaña ‘Transparencia por la Emergencia’.
El Ministerio Público designó un funcionario especial para adelantar la investigación que “permita esclarecer y definir responsabilidades sobre la justificación técnica, económica y jurídica para la suscripción del contrato”.
Esto porque con la vigilancia que le hicieron al acuerdo firmado se estableció que “no sería clara la conexidad del contrato con el objeto legal del fondo, lo que habrá de ser investigado, para evaluar su legalidad y oportunidad”.
En especial en momentos en que el país atraviesa una crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
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