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La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira ha puesto bajo la lupa la gestión del exalcalde Giraldo, abriéndole un proceso disciplinario debido a presuntas actuaciones irregulares durante su periodo en la administración municipal. El origen de la investigación radica en la supuesta omisión de Giraldo al no declararse impedido en la gestión de un trámite policial relacionado con un recurso de apelación. Según el organismo de control, tal situación despertó especial atención, ya que el proceso involucraba a la representante legal de la sociedad Frigoporcinos del Eje Cafetero S.A.S., compañía en la que el municipio, representado por el exmandatario, tenía participación como accionista.
Esta aparente falta de declaración de impedimento habría significado, en palabras de la Procuraduría, una vulneración de los deberes éticos y legales propios del cargo público. Giraldo, actuando como parte interesada indirecta en la decisión administrativa, estaba obligado a trasparentar su posición, previniendo así cualquier posible conflicto de interés. La omisión de este paso procedimental es resaltada por la entidad como una posible inobservancia de los criterios básicos de imparcialidad requeridos para funcionarios públicos en Colombia, según las disposiciones disciplinarias vigentes.
El caso no termina ahí. En una segunda acusación, la Procuraduría afirma que el exalcalde demoró el procedimiento de una recusación presentada por la representante de la empresa mencionada. Las demoras se tradujeron en la superación de los plazos legales establecidos para dar respuesta a la causal de recusación, y el expediente concerniente solo fue remitido a la Personería Municipal varios meses después. Esta tardanza, desde la perspectiva del Ministerio Público, habría comprometido los principios de celeridad administrativa y transparencia que rigen el actuar de las entidades estatales.
La gravedad de estos hechos llevó a la Procuraduría a calificar, de manera provisional, las conductas señaladas como faltas disciplinarias gravísimas cometidas presuntamente bajo la modalidad de culpa grave. De esta manera, se enfatiza que lo sucedido podría constituir una seria afectación a la moralidad y los intereses públicos, principios rectores de la función administrativa en el país.




Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de descargos, lo que implica que el exalcalde Giraldo tiene la oportunidad de ejercer su defensa presentando argumentos y pruebas ante la autoridad disciplinaria. Este paso es fundamental para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, conceptos esenciales en cualquier procedimiento de índole sancionatoria, según lo resalta la Procuraduría.
¿Qué significa declararse impedido y por qué es relevante en la función pública?
El concepto de “declararse impedido” hace referencia a la obligación de un funcionario público de manifestar, ante la autoridad correspondiente, la existencia de posibles conflictos de interés que puedan afectar su objetividad al tomar decisiones. En el contexto administrativo colombiano, la transparencia y la imparcialidad son pilares fundamentales, por eso declarar el impedimento permite prevenir que intereses personales, familiares o institucionales influyan sobre la gestión pública. En el caso analizado, la importancia radica en que el exalcalde tenía vínculos indirectos al participar el municipio en la empresa en cuestión, situación que debió haber sido comunicada de inmediato.
La función pública exige no solo cumplir la ley, sino asegurar la confianza de la ciudadanía en que los servidores actúan guiados por el interés general. Cuando un funcionario no declara un impedimento, se arriesga a cuestionamientos sobre la transparencia de sus decisiones y la integridad de la administración, como ocurre en esta investigación adelantada por la Procuraduría con base en su normatividad interna.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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