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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para esclarecer si desde la Alcaldía de Medellín se habría incurrido en faltas disciplinarias en medio del escándalo por un millonario contrato firmado entre la Secretaría de Comunicaciones y la Universidad Nacional con el que habría terminado haciéndose proselitismo político.
En dicho contrato, que compromete recursos por $ 9.050 millones, cinco exfuncionarios del círculo más cercano al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habrían sido favorecidos con videos y material propagandístico, elaborados presuntamente con recursos públicos.
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A través de un oficio de ocho páginas, elaborado este miércoles 6 de septiembre, la Procuraduría notificó al Distrito de la apertura de esa investigación y le pidió entregar los documentos de soporte del contrato.
“(…) con el fin de indagar la comisión de presuntas irregularidades que constituyan faltas disciplinarias, así como a los posibles responsables, la Delegada ordenará adelantar indagación previa, en averiguación de los posibles responsables”, escribió en el oficio la procuradora tercera delegada para la contratación estatal, cuya firma aparece en el documento oficial.
Ente los documentos solicitados está una copia del manual de contratación de la Alcaldía, copia del proyecto de inversión que cobijó al contrato, copia del contrato, información sobre los encargados de supervisar el mismo, copias de las cuentas de cobro, documentos que den cuenta de su ejecución, entre muchos otros.
Asimismo, el órgano también le solicitó a la Universidad Nacional entregar “copia de todos los contratos de prestación de servicios que se hayan suscritos en el marco del contrato interadministrativo”.
Un día después de estallar el escándalo, tanto el alcalde Quintero como la
Universidad Nacional se refirieron finalmente al tema, dando versiones diferentes.
Por el lado del alcalde Quintero, a través de su cuenta de X (antes Twitter), insistió en que supuestamente desde la administración municipal no se habría aprovechado el contrato para hacer política.
En su defensa, el mandatario local planteó que las carpetas reseñadas en los informes de supervisión supuestamente serían de acceso público y podrían haber sido manipuladas por personal externo a la Alcaldía y la Universidad.
“El drive en el que encontraron videos de campañas, es de una persona natural creada en gmail, y de acceso público, en el que cualquiera puede subir archivos”, dijo Quintero, aprovechando de paso para arremeter contra El Colombiano por cubrir dicha polémica en sus páginas.
Pese a lo expresado por el mandatario, tal como pudo documentar este diario al revisar las carpetas (antes de que fueran removidas y restringidas), las mismas no estaban configuradas para que cualquiera pudiera editarlas.
En contraste, uno de los puntos que despertó más dudas fue que precisamente entre los editores de dichas carpetas aparecía el nombre del exsecretario de Comunicaciones Juan José Aux Trujillo, quien el pasado 15 de mayo abandonó su cargo para asesorar las comunicaciones del partido del alcalde de cara a la contienda electoral.
Asimismo, el alcalde omitió explicar por qué si se trataba de carpetas ajenas a la Alcaldía y la universidad, las mismas estaban referenciadas en los informes de supervisión publicados en el Secop.
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Por su parte, la Universidad Nacional publicó un comunicado en el que señaló que abriría una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.
En su notificación de ayer, la Procuraduría finalmente señaló que delegó a su procurador regional para practicar la inspección disciplinaria en un término de 10 días y defina que funcionarios serán vinculados al proceso.
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