Insuficiencia de alimentos y mala calidad de los mismos, son tan solo algunas de las irregularidades encontradas por la Procuraduría en comunidades wayúu, como Los Ciruelos y Cascajalito, en zona rural de Riohacha.

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“La alimentación que se le da a los niños es de una libra de tomate para la semana, una libra y media de tomate de árbol para la semana para 21 niños, que es el cupo que hay en esta comunidad y tres kilos de arroz para un mes“, dijo Amilkar Fernández Pushaina.

En el informe, dice la Procuraduría, se evidenció la falta de continuidad del servicio que se dejó de prestar el pasado 15 de diciembre de 2022 y hasta este momento los niños wayúu siguen sin recibir atención del ICBF.

“Quiere decir que los niños, hasta el 15 de diciembre y a esta fecha, no hay atención en las comunidades nuestras. Muchas cosas pueden pasar en estas comunidades”, explicó Guillermina Epieyú, autoridad tradicional de la comunidad Los Ciruelos.

Una de las fallas más graves, según el ente de control, es que hay un alto porcentaje de niños, madres gestantes y lactantes por fuera de los servicios del ICBF.

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“La Procuraduría General de la Nación solicitó, de manera enfática al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que inmediatamente inicie con el proceso que lleve a restablecer este servicio que se presta en estas comunidades”, dijo Jeferson Mena, asesor del despacho de la procuradora y encargados de asuntos étnicos.

El delegado de la Procuraduría manifestó que el ICBF escoge operadores para atender a los niños wayúu sin concertar con las autoridades indígenas.

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