Por posibles casos de corrupción en el interior de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Procuraduría abrió tres investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios de la entidad. La decisión la tomó el Ministerio Público tras las denuncias que hizo el director de la UNP, Augusto Rodríguez en donde mencionó que algunos vehículos al servicio de la unidad tenían blindaje falso.

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Una vez se conoció la denuncia, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del Ministerio Público abrió la indagación y realizó una inspección disciplinaria en la sede de la UNP. Un equipo especializado se encargó de recopilar documentación que permitió identificar a los posibles responsables de los hechos que denunció Rodríguez.

En ese orden, la Procuraduría abrió tres investigaciones. La primera es por los falsos blindajes de cinco vehículos que están alquilados por la entidad a la empresa Neostar Seguridad de Colombia Ltda. Los vehículos que fueron asignados a líderes sociales y funcionarios públicos los adquirieron a través de dos contratos celebrados en noviembre de 2018 que decían que tenía nivel de blindaje IIIA, sin embargo, tras un año de uso hallaron que no cumplían los requisitos técnicos exigidos.

En las investigaciones encontraron que los vehículos no cumplían con el número de capas de protección, que el material de protección balística no era el adecuado y que el blindaje de los vidrios tampoco estaba entre los requerimientos técnicos. Por el presunto incumplimiento, la investigación se abrió contra el entonces subdirector de protección, Ronald Rodríguez Rozo y el coordinador del grupo de vehículos de protección para la época, Luis Ignacio Acosta González.

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En el mismo proceso, también se inició investigación contra Elver Oswaldo Franco Cerquera, quien para la época de los hechos fungió como jefe jurídico encargado y hoy se desempeña como coordinador del control interno disciplinario de la UNP. En el radar del Ministerio Público también está Mariantonia Orozco Durán, jefe jurídica titular. Según la investigación, ambos, por más de dos años y cinco meses no impulsaron los procesos de incumplimiento de los contratos por el supuesto blindaje ofrecido.

La segunda investigación de la Procuraduría vincula hechos ocurridos en diciembre del año pasado en Totoró, Cauca, donde fue incautada una camioneta con 168 kilos de cocaína. El vehículo estaba asignado al esquema de seguridad que aún mantiene el exsubdirector de protección de la UNP, Ronald Rodríguez Rozo.

En este caso, la Procuraduría estableció que el único servidor público es el escolta Christiam Ernesto Páez Pinzón, oficial de protección de la UNP, quien presuntamente incumplió sus deberes de reportar algunas novedades del esquema, no aceptar descansos dados por Rodríguez Rozo y, al parecer, entregar reportes de ubicación diferentes a los que reportaba el GPS de la camioneta.

Aunque para el Ministerio Público está claro que el conductor detenido Manuel Antonio Castañeda Bernal, Ronald Rodríguez Rozo y el otro escolta no ejercían funciones públicas al momento de los hechos, la Dirección de Investigaciones Nacionales le sigue el rastro a los posibles nexos que pueda tener la UNP con el narcotráfico.

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De otro lado, la tercera investigación vincula a Wilson Javier Devia Pérez, actual oficial de protección de la UNP y presidente de uno de los 19 sindicatos de dicha entidad. El funcionario está bajo la lupa del Ministerio Público porque, presuntamente, alquila esquemas de seguridad a personas distintas a sus beneficiaros y cobra dinero por “meter” vehículos a la UNP “a trabajar”.

Lo que dicen las investigaciones es que Devia Pérez, al parecer, empleó su influencia sobre los escoltas del sindicato y los ubicaba en una mejor zona. Esa hipótesis la maneja el Ministerio Público a raíz de una conversación publicada por un medio de comunicación con Manuel Antonio Castañeda Bernal, detenido en los hechos del Cauca, quien además habría denunciado esas actuaciones ante el director de la UNP.

Por todas esta irregularidades, la Procuraduría practicará una serie de pruebas que fueron decretadas para verificar las presuntas conductas y vincular a otros funcionarios implicados en esos hechos de posible corrupción.

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