Así se lo habría hecho saber el gobierno estadounidense incluso al presidente Iván Duque, según indicó este jueves el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El funcionario dijo que Washington revisó con detenimiento el informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW), en el que considera insuficientes los esfuerzos del Gobierno colombiano para detener el creciente número de asesinatos de líderes sociales, y su conclusión fue inquietante.

“Estamos preocupados por la violencia en curso contra los defensores de los derechos humanos, quienes desempeñan un papel vital en la construcción de una paz justa y duradera en Colombia. La reducción de esta violencia y el procesamiento de estos crímenes, es una de las principales prioridades tanto para EE.UU. como para Colombia. Es un tema que hemos trasladado al Gobierno colombiano”, declaró Price.

Al ser cuestionado al respecto por la agencia Efe, Price no aclaró si ha habido alguna conversación específica sobre ese tema entre ambos Gobiernos y se limitó a decir que el respeto a los derechos humanos ha estado presente en todas las conversaciones mantenidas hasta ahora con líderes de todo el mundo.

Desde que Joe Biden tomó posesión como presidente, el 20 de enero, el único contacto de alto nivel que se ha hecho público entre EE.UU. y Colombia fue una llamada entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y la canciller Claudia Blum, el 29 de enero.

La ministra de Exteriores habló sobre ese primer acercamiento, pero resaltó que en la llamada solo se mencionó “la reactivación post-COVID, la defensa de la democracia en la región, la lucha contra el cambio climático y estrategias integrales contra el crimen trasnacional y el narcotráfico”.

Sin embargo, Price dio a entender que Washington también se comprometió a ayudar a Bogotá a asegurar el respeto a los derechos humanos, aunque no aclaró si el tema también se manifestó en esa primera llamada.

Estados Unidos está “orgulloso de colaborar con las fuerzas de seguridad colombianas y la sociedad civil para fortalecer la protección a los derechos humanos y la seguridad en el ámbito rural, así como para luchar contra las rutas del narcotráfico que provocan violencia”, concluyó el vocero.