En apenas seis meses de Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha solicitado por lo menos 23 facultades especiales que le permitirán decretar leyes saltándose al Congreso y a las demás entidades del Estado.

Esos “superpoderes” han sido incluidos en los proyectos más polémicos del Gobierno Petro: la Reforma a la Salud, el Plan Nacional de Desarrollo, la creación del Ministerio de la Igualdad, la Ley de paz total y la Reforma Tributaria.

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En todos ellos, el Senado y la Cámara de Representantes han tenido poco tiempo para conocer el proyecto y votarlo, por lo que la oposición ha tildado a la Casa de Nariño de intentar hacer “pupitrazos” para aprobar los documentos sin la lupa que se merecen y hasta de querer “gobernar por decretos”, como dijo el senador consevador Mauricio Giraldo, uno de los congresistas que ha sido férreo opositor de esas facultades especiales pese a hacer parte de la bancada de Gobierno.

Las facultades para el presidente son solicitadas para un semestre completo, que es el máximo tiempo que permite la Ley para que el jefe de Estado tenga permisos especiales por encima del legislativo, y van desde puntos simples, como facultades especiales para fortalecer la institucionalidad del Gobierno, hasta tareas más ambiciosas como regular los usos medicinales de la coca y el cannabis y poder otorgar indultos para avanzar en negociaciones de paz.

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Las más recientes de esas facultades extraordinarias fueron solicitadas en el proyecto de Reforma a la Salud, un documento presentado el lunes por el presidente Petro y su ministra de Salud, Carolina Corcho, y que se había desarrollado bajo el máximo hermetismo político desde la posesión del jefe de Estado.

En dicha reforma, el ejecutivo pide un total de 6 poderes especiales que incluyen “modificar las normas en materia de salud pública” y acomodar las condiciones necesarias para transitar hacia un nuevo modelo de país sin las figuras de las EPS.

Pero las facultades especiales más polémicas están incluidas en el PND. Allí Petro solicitó un total de 14 permisos con los que quedaría habilitado para regular los usos alternativos de la planta de coca y del cannabis y los fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas; para “crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar, o modificar la naturaleza jurídica de entidades de la rama ejecutiva”, y hasta para crear un sistema de subsidios para comunidades vulnerables en riesgos sociales, económicos o por desastres naturales.

En esos dos últimos puntos, el presidente no solo quedaría facultado para modificar los órganos de la Presidencia de la República a su antojo, sino que pavimentaría el camino para cumplir con ambiciosas promesas suyas como la de regalarle tierras y beneficios económicos a los damnificados de derrumbes como el de Rosas, Cauca, ocurrido el pasado mes de enero.

Pero no es la única. Para cumplirle a algunos jóvenes, manifestantes y miembros de la Primera Línea, la Presidencia había solicitado explícitamente que, en el marco de la política de paz total, Petro pudiera “otorgar indultos a aquellas personas condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”. Un punto que finalmente no pasó.

Por ahora, la mayoría de esas facultades está por debatirse en el Congreso, quien tiene la última palabra sobre si le otorgará o no esos poderes al presidente. Si lo hace, las reformas y decretos que Petro haga bajo esa figura también podrían ser eliminados por el mismo legislativo o por la Corte, quien ya ha tumbado normas de ese tipo declarándose inconstitucionales.

Mientras tanto, miembros de la oposición, y hasta de la bancada de Gobierno, se preguntan si esas facultades especiales se convertirán en la chequera en blanco de la Casa de Nariño, un punto que aún está por verse en los tres años y medio que le quedan a Petro

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