En 2024, la deuda de las 19 EPS no intervenidas por el Gobierno creció un 101,9 %, pasando de $ 5,3 billones a $ 10,8 billones, detalló la Contraloría General.
Un reciente informe de la Contraloría reveló que en total las EPS adeudan $ 32,9 billones por servicios de salud a clínicas, hospitales, laboratorios y otros proveedores.
(Vea también: Alertan a afiliados de Medimas, Coosalud y más EPS en Colombia: están en situación muy compleja).
El presidente Gustavo Petro responsabilizó a las EPS por este aumento, asegurando que no es culpa del Gobierno. Destacó que, tras las intervenciones estatales, algunas EPS redujeron sus deudas en $ 707.000 millones, lo que representa una baja del 3,7 %, y defendió la continuidad de estas medidas.
Sin embargo, también se resaltó que el 74 % de la deuda total corresponde a EPS ya intervenidas, lo que genera dudas sobre la eficacia de las intervenciones.
Entre las EPS no intervenidas con mayor incremento en deuda están Coosalud (269 %), Salud Total (264 %) y Sura (147 %), mientras que otras lograron disminuirla, como EPS Familiar de Colombia y Salud Mía.
Petro afirmó que la única salida es intervenir a todas las EPS, salvo dos, y que se requiere aprobar su reforma a la salud, pues según él, entre más recursos se les entregan, más dinero se desvía de manera irregular.
Cómo funcionan las EPS en Colombia
En Colombia, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son el eje central del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), instaurado a partir de la Ley 100 de 1993. Su función principal es administrar los recursos del sistema de salud y garantizar que sus afiliados reciban los servicios médicos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
Las EPS actúan como intermediarias entre los ciudadanos y los prestadores de servicios (clínicas, hospitales, laboratorios), gestionando la afiliación, el recaudo de aportes y el acceso a los servicios de salud, tanto preventivos como curativos. Los usuarios se afilian al sistema de forma obligatoria si tienen capacidad de pago (régimen contributivo) o subsidiada si no cuentan con ingresos estables (régimen subsidiado), y el Estado transfiere los recursos a las EPS por cada afiliado a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Estas entidades contratan redes de prestadores de servicios de salud (IPS) para brindar la atención médica. A cambio, deben pagarles por los servicios prestados a los afiliados. No obstante, uno de los mayores problemas en este modelo ha sido la acumulación de deudas por parte de las EPS con los hospitales y clínicas, lo cual ha generado crisis financieras en múltiples niveles del sistema.
Además, se han denunciado casos de corrupción, demoras en autorizaciones y barreras de acceso para los pacientes. A pesar de estar obligadas a garantizar la atención médica, muchas EPS han sido señaladas por negar procedimientos o medicamentos que hacen parte del plan obligatorio.
El Estado, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, vigila a las EPS y puede intervenirlas cuando incumplen sus funciones, acumulan deudas impagables o presentan riesgos financieros y administrativos graves. Esta intervención puede ser para reestructurarlas o liquidarlas, según el caso. Sin embargo, aunque algunas intervenciones han reducido temporalmente las deudas, el problema estructural persiste, pues el modelo de aseguramiento mixto ha mostrado limitaciones tanto en la eficiencia administrativa como en la cobertura efectiva.
En síntesis, las EPS son responsables de coordinar la atención de salud de millones de colombianos, pero su funcionamiento ha estado marcado por deficiencias en la gestión, escasa supervisión efectiva y problemas financieros que afectan directamente la calidad y oportunidad del servicio de salud. Por ello, la reforma del sistema se ha convertido en uno de los temas más debatidos del país.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
