La Superintendencia de Sociedades abrió una investigación sobre el manejo de recursos públicos a cargo de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), específicamente en lo relacionado con la administración del Registro de Garantías Mobiliarias. Esta función le fue asignada por la ley 1676 de 2013 y reglamentada mediante el Decreto 1835 de 2015.
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Ese proceso busca establecer si hubo irregularidades en el uso de más de 18.000 millones de pesos vinculados a dicha gestión, según Caracol Radio. La investigación es adelantada por la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio, que en junio de 2025 solicitó información contable, financiera, administrativa y jurídica sobre la Confederación.
En un comunicado oficial, la Superintendencia explicó que analizará la situación de Confecámaras “en la forma, detalle y términos que determine”, como parte de su competencia para ejercer inspección sobre entidades que manejan fondos públicos.
Contraloría también entra en escena y aumenta presión sobre Confecámaras
No solo la Supersociedades puso su mirada sobre Confecámaras. La Contraloría General de la República había ordenado desde el 25 de octubre de 2024 incluir a la Confederación como persona jurídica que maneja bienes del Estado, lo que la obliga a rendir cuentas sobre la ejecución y administración de recursos públicos.
Según fuentes citadas por la emisora, estas actuaciones han encendido las alarmas dentro de varias Cámaras de Comercio del país, que han manifestado su preocupación por la forma en que se estarían manejando los fondos y el creciente escrutinio estatal sobre el gremio.
Confecámaras se defiende y cuestiona competencia de Supersociedades
En respuesta a los señalamientos, Confecámaras alegó que la Supersociedades no tiene competencia legal para ejercer vigilancia sobre sus funciones. En un documento enviado el pasado 26 de junio, la Confederación afirmó que “el propósito es invitar a la directora de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos en particular, a ajustar su decisión a la Ley vigente en materia de inspección, vigilancia y control”.
A pesar de esta posición, Confecámaras entregó voluntariamente más de 900 páginas con estados financieros y un informe detallado sobre la gestión de los recursos públicos, como parte del proceso de revisión que adelanta la Superintendencia.
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