De acuerdo con Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica, Pomca del río De La Vieja, 21 municipios ubicados en el área de influencia entre Risaralda, Quindío y Valle del Cauca son los que están aportando a la contaminación mediante asentamientos humanos precarios, de estos 10 pertenecen al Quindío.
Es decir, en estas localidades se presenta un volumen elevado del número de viviendas subnormales que hacen sus vertimientos al río o, incluso, quebradas tributarias del río.
Según Luis Alberto Vargas Ballén, secretario del Pomca del río De la Vieja, los 10 municipios presentan una contaminación directa aportando desechos a esta cuenca hídrica, lo que insta a los organismos a tomar acciones que propendan a la descontaminación.
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“Es grave la situación de los asentamientos en los municipios de Armenia, Montenegro, Calarcá, La Tebaida, Circasia y Salento, situación que se acrecentó en la época posterior al terremoto de 1999, donde los asentamientos humanos llegaron a todos los municipios, listado del que solo salen los municipios de Génova y Buenavista”, dijo.
No es culpa de los habitantes
Para el consejero esa lectura crítica no consiste en endilgar la culpa a quienes viven en esos asentamientos, sino a la falta de políticas que giren en torno a solucionar y devolver estas áreas a los ríos y quebradas para disminuir la contaminación.
Adicionalmente, advierte falta de voluntad política de las administraciones al no fijar rutas claras, relacionadas con alternativas para estas familias que se encuentran sobre el área de este afluente hídrico, además de ríos y quebradas tributarios De la Vieja, que cruza por el departamento.
Para Vargas Ballén, la ciudad de Armenia es uno de los puntos más delicados, pues las 54 quebradas presentan algún tipo de asentamiento.
“Es el caso del sector de la Mariela y Salvador Allende, ubicados en el norte de Armenia, hay un número considerable de asentamientos urbanos que no están sobre las quebradas, pero sí generan algún tipo de afectación sobre la misma”.
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Los municipios del Quindío cercanos al río
Para el caso de Calarcá, según informe suministrado por la administración municipal hay 514 predios en la zona de influencia, de los cuales 364 se encuentran en zona de riesgo alto, 150 están en predio estable.
En el caso de Pijao, según información entregada por el mismo municipio, se presentan en la zona rural un total de 115 predios en condición de riesgo y en el área urbana la cifra asciende a 1.686.
Otro de los casos se presenta en Quimbaya, lugar donde hay asentamientos ilegales, la administración dio cuenta de 140 predios informales en el sector del Despacio y la antigua finca Buenavista.
En Salento hay identificado un asentamiento en el sector de La Explanación. Según explicó el secretario del Pomca, “esto refleja un descuido histórico por cuenta del Instituto Nacional de Vías, Invías, entidad que heredó los Ferrocarriles Nacionales. Por esto habíamos citado al foro que llevamos a cabo el pasado viernes 30 de septiembre, pero ni siquiera asistieron los representantes del Invías, ni de la fiduciaria La Previsora, que fueron obligadas a la entrega de unos remanentes durante la reconstrucción y estos remanentes ya fueron invadidos”, dijo.
Las familias afectadas con la contaminación
Afirma el funcionario que la peor parte la llevan las familias que conurban estas zonas, lo cual se suma a la falta de políticas claras.
“Esto es un llamado que deben atender desde las distintas corporaciones autónomas ambientales, oficinas de riesgo, alcaldías, gobernaciones, además de las entidades del orden nacional”, dijo.
Agregó que las más recientes leyes piden a los municipios procurar destinar mayor volumen de suelo en los municipios para adelantar proyectos, además de legalizar y procurar que en aquellas zonas donde sea viable comenzar con el respectivo trabajo legal.
“Hacemos un llamado, de la mano del ministerio de Vivienda para que se comiencen a realizar las gestiones para identificar estos asentamientos y adelantar las cartografías y estudios de títulos correspondientes, lo que otorgará una mayor seguridad jurídica y bienestar a las familias”, dijo.
El consejero explicó, por último, que, por directrices del gobierno nacional, en algunas de las zonas donde el riesgo es menor o mitigable, existe la probabilidad de titulación de los predios, donde justamente las familias reclaman que se defina la situación a fin de lograr obtener auxilios de vivienda y el acceso a servicios públicos.
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