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La Justicia Penal Militar avanza en la indagación preliminar por el atentado perpetrado el pasado 7 de junio contra el precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Según informó la entidad, la indagación se abrió de manera inmediata, en coordinación con su Policía Judicial, luego de conocerse los hechos.
El caso fue asumido por esta jurisdicción especializada debido a la posible participación de miembros activos de la Fuerza Pública, lo que lo convierte en competencia de la Justicia Penal Militar. La Fiscalía 2440 Penal Militar y Policial de Conocimiento asumió los actos urgentes y continúa adelantando labores de verificación y recolección de pruebas para identificar a los posibles responsables.
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La Fiscalía destacó que se ha desplegado todo su equipo investigativo y judicial con el objetivo de esclarecer los hechos. “Estamos comprometidos con investigaciones autónomas, efectivas y transparentes, que contribuyen a fortalecer el Estado social de derecho y garantizar una justicia pronta y efectiva”, señaló la institución, que además expresó su solidaridad con la víctima y reiteró su determinación para esclarecer lo sucedido y garantizar el acceso a la verdad.
La dudas sobre el esquema de seguridad de Miguel Uribe
El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay desató una ola de cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad que le fueron asignadas y expuso contradicciones entre el Gobierno, la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Aunque el evento estaba programado como parte de la agenda política de Uribe Turbay, tanto la Policía como el Ejecutivo han insistido en que no fue reportado previamente, lo que habría motivado ajustes de último minuto en el esquema de seguridad ese mismo día. Esos cambios, según la defensa del congresista, habrían debilitado su protección y derivado en omisiones graves.
Uno de los primeros señalados es Augusto Rodríguez, director de la UNP, contra quien fue radicada una denuncia penal por presunta omisión. El abogado Víctor Mosquera, representante de Uribe Turbay, indicó que al menos 23 solicitudes formales de refuerzo de seguridad fueron elevadas desde inicios de año, sin recibir respuesta. La última de ellas, afirmó, fue hecha apenas el 5 de junio, dos días antes del atentado.
El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema. A través de su cuenta en X, reveló que el día del ataque se redujo, de forma inexplicable, el número de escoltas del senador: pasó de siete a solo tres. “He pedido en el consejo de seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho”, afirmó el mandatario.
No obstante, las explicaciones oficiales ofrecidas por la UNP y la Policía Nacional difieren de esa versión. Según fuentes consultadas por El Espectador, el esquema completo estaba activo, integrado por tres escoltas de la UNP y cuatro policías. Sin embargo, los uniformados estaban asignados a la protección de la familia del congresista, ya que no habrían sido informados del evento en Fontibón.
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Augusto Rodríguez, director de la UNP, aseguró que el coordinador del esquema es un vicecomisario de la Policía y sostuvo que su entidad no recibió solicitudes formales para reforzar el esquema, sino requerimientos logísticos de apoyo para los desplazamientos del precandidato. Además, defendió que no hubo una reducción estructural en el equipo de seguridad.
Por su parte, personas cercanas al senador sostienen que el evento en Fontibón fue planeado con una semana de anticipación y que sí fue notificado. Señalan que, el día del atentado, Uribe Turbay fue recogido alrededor de las 2:00 p.m. por los tres escoltas de la UNP para asistir a la actividad política.
En medio de versiones cruzadas, lo cierto es que la seguridad del precandidato estuvo dividida: mientras una parte del equipo acompañaba a su familia, otra lo escoltaba en terreno. El caso sigue bajo investigación por parte de la Fiscalía Penal Militar y Policial, que busca establecer si hubo fallas estructurales o responsabilidades individuales en la protección del político de oposición.
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