Las entidades del Estado solo deberán reparar los daños causados por saqueos o vandalismo si hay una omisión o una acción que las cause. Así lo afirmó el Consejo de Estado a través de un fallo que eximió a la Policía de responder por los daños provocados a una empresa barranquillera durante un paro cívico en 1999. De acuerdo con el fallo, para que una entidad se haga responsable de los daños causados durante una protesta, su responsabilidad debe ser probada.
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El fallo del Consejo de Estado llegó tras revisar la demanda que presentó la metalúrgica barranquillera Arquiglass del Caribe Ltda. La empresa, durante un paro cívico en 1999, fue víctima de saqueos y vandalismo por parte de varios manifestantes. Por esto, la empresa exigía una reparación por más de $700 millones, argumentando que la Policía no había hecho nada para proteger sus instalaciones de las personas que la estaban vandalizando.
En una instancia anterior, el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió parcialmente a la demanda que presentó la empresa. El Tribunal afirmó que la Policía no había tomado las medidas necesarias para garantizar la protección de la propiedad y así evitar que fuera saqueada y vandalizada. “Consideró (la primera instancia) que la Policía era responsable únicamente de los daños ocasionados por el saqueo y no de los derivados de la irrupción y quema de la sede”, afirmó el fallo del Consejo de Estado.
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Tras presentar recursos de apelación, la empresa pidió que la Policía se hiciera cargo de los daños causados durante las jornadas de protestas. “La demandante solicitó que se declarara a la Policía Nacional responsable de todos los daños y se reconocieran las reparaciones locativas de la sede y los daños causados a las máquinas”, se lee en el fallo proferido por el alto tribunal.
La Policía también apeló la decisión argumentando que “el daño fue causado por un tercero y que la entidad hizo presencia en la zona según su capacidad institucional”. De acuerdo con la Policía, “las obligaciones del Estado son proporcionales a su grado de desarrollo”. Finalmente, y tras escuchar a las partes, el Consejo de Estado le dio la razón a la institución.
“La cantidad de personas que participaron en estos actos y las acciones violentas que emprendieron no eran propias de una manifestación pacífica, sino de una asonada que se salió de control. Los medios que tenía la Policía Nacional a su disposición impedían concentrar la totalidad de la acción defensiva en un solo establecimiento de comercio”, aseguró el Consejo de Estado en el fallo que favorece a la Policía y que da luces de lo que podría pasar en otras demandas relacionadas con las recientes jornadas de protesta.
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