El 9 de septiembre de 2020 en Bogotá, día conocido como 9S, Angie Paola Baquero Rojas, manifestante que se encontraba en medio de una velatón y protesta en rechazo a la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez, murió por un impacto de arma de fuego. El patrullero Jorge Andrés Lasso, a quien se le formularon cargos, sería el responsable de la muerte de la mujer.

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Según señaló la Fiscalía General de la Nación, ese día los manifestantes se encontraban en el CAI de Aures, ubicado en la localidad de Suba. En un momento, los protestantes habrían empezado a dispersarse, luego de identificar que, presuntamente, policías estaban disparando contra ellos. Angie Paola habría recibido uno de esos impactos.

“Aproximadamente sobre las 9:17 de la noche, la hoy occisa recibe un impacto de proyectil de arma de fuego a la altura del abdomen, siendo trasladada rápidamente al hospital de Suba y luego al hospital de Engativá, dónde después de haber recibido una intervención quirúrgica,  finalmente falleció aproximadamente a las 11:33 de la mañana del día 10 de septiembre del año 2020″, dictaminó Fiscalía.

La presunta responsabilidad de Lasso se mencionó luego de identificar que el proyectil había sido disparado, supuestamente, desde la misma arma que le había sido asignada. Pese a esto, ante la justicia el patrullero se declaró inocente.

“De acuerdo con las pruebas recaudadas, el patrullero recibió un arma de dotación con munición calibre 9 mm a las 8:16 de la noche y la devolvió a las 2:27 de la mañana del 10 de septiembre de 2020, con novedades de gasto de 6 proyectiles”, señaló la Procuraduría.

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El ente disciplinario agregó que “hasta este momento se ha demostrado que el uniformado disparó a sabiendas de que se encontraban manifestantes y no manifestantes”. A pesar de haber dirigido el disparo contra el pavimento, en una de las seis ocasiones en las que disparó, la trayectoria de uno de los proyectiles, por efecto del rebote, ingresó al cuerpo de Baquero”.

En consecuencia, la falta atribuida al patrullero Lasso Valencia fue calificada por la Procuraduría provisionalmente como gravísima dolosa.

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