Un millonario pleito jurídico tiene en el ojo del huracán a funcionarios del Distrito, por un proceso de expropiación y avalúo de un megalote destinado para obras de patio taller de Transmilenio.
Según reveló El Tiempo, el origen de este litigio radica en la alcaldía Bogotá de Enrique Peñalosa, cuando uno de los funcionarios se contactó con el empresario Miguel Barranco, dueño del predio Piedra Herrada, ubicado a pocos metros de la vía al Llano.
Tal y como explicó el medio citado, el funcionario le dijo a Barranco que el Distrito le quería comprar el megalote, ya que lo consideraba estratégico para el Sistema Integrado de Transporte Público; oferta que no dudó en aceptar el empresario por el valor de su propiedad.
Sin embargo, tres años después, bajo la alcaldía de Claudia López, Barranco denunció que desde el IDU cambiaron los términos del negocio, pues se pasó de una enajenación voluntaria del predio a una expropiación.
“Ordenar la expropiación por vía administrativa a favor del IDU (…) el valor del precio indemnizatorio del inmueble objeto de expropiación es la suma de 3.955 millones 548 mil 150 pesos“, dice el documento de la entidad, publicado por el medio mencionado.
Según Miguel Barranco, el avalúo que le dio el Distrito a su lote (casi 4.000 millones de pesos) no corresponde al valor real, pues informó que expertos privados visitaron el predio y determinaron que, efectivamente, el precio es mayor.
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De hecho, El Tiempo dio a conocer que una perito de la Fiscalía 377 Seccional de Bogotá estuvo en el lugar y, luego de semanas de estudios, determinó que el valor comercial del megalote es de 30.857 millones de pesos.
“Se han cometido varias irregularidades. Las fotos con las que respaldan el avalúo usado para la expropiación son de otro predio vecino porque al de nosotros nunca fueron”, dijo el empresario al periódico.
¿Qué dicen las partes involucradas en este millonario pleito?
Según Jaime Granados, abogado defensor de Miguel Barranco, en el trámite se evidencia un gigantesco acto de corrupción, el cual salpica a varios funcionarios del Distrito.
“En este trámite expropiatorio se evidenciaron múltiples actos de corrupción por parte de funcionarios públicos del Distrito, especialmente el dictamen pericial ideológicamente falso que llevó al establecimiento definitivo de una suma indemnizatoria absolutamente irrisoria”, precisó el abogado en la denuncia ante la Fiscalía.
Por otra parte, desde el IDU le informaron al medio citado que “el único avalúo técnico y jurídicamente válido es el que hizo el Catastro”; razón por la cual es “una expropiación culminada legalmente y debidamente tramitada”.
Funcionarios de la entidad le recalcaron al diario que no tienen información de la denuncia en la Fiscalía y tampoco del avalúo del perito.
Por último, se conoció que el ente acusador ordenó nuevas pruebas y testimonios para determinar si el Distrito pagó un valor menor por el predio que consideran estratégico para la operación de Transmilenio.
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