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El sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha denunciado la existencia de un “plan pistola” dirigido contra su personal, con una serie de atentados atribuidos al grupo criminal ‘Mago’ (“Muerte a Guardianes Opresores”). De acuerdo con información de 90 Minutos, el sindicato asegura que esta ofensiva violenta representa un fenómeno alarmante y creciente en Colombia; custodios, administrativos y funcionarios del Inpec se han convertido en el blanco de una estrategia organizada para intimidar y eliminar a quienes intervienen en la custodia y traslado de presos, principalmente a los encargados de líderes influyentes en los “patios” de los centros penitenciarios.
Según Wilder Certuche, funcionario del Inpec citado por este medio, la reciente ola de violencia no responde a incidentes aislados, sino a la coordinación de redes criminales con claros intereses dentro y fuera de las cárceles. Esto vincula la seguridad penitenciaria interna con el conflicto entre grupos delincuenciales que buscan mantener y disputar poder. Así, cada nuevo atentado convierte a las cárceles en un reflejo del conflicto armado y la dinámica territorial que afecta a Colombia en distintas escalas.
Los datos muestran la gravedad de la situación: solo en 2025, 35 funcionarios del Inpec han perdido la vida en el país. Los eventos más recientes incluyen el asesinato de un dragoneante, las graves heridas causadas a otro funcionario en Palmira y el homicidio de un médico vinculado al Inpec, lo que demuestra el nivel de riesgo y el ambiente hostil que enfrentan cotidianamente los trabajadores penitenciarios.
El personal del Inpec ha reiterado la necesidad urgente de recibir mayor protección, señalando insuficiencia en el acompañamiento policial tanto durante sus funciones como en los traslados de y hacia los recintos carcelarios. Estos reclamos coinciden con advertencias de expertos en seguridad citados por 90 Minutos, quienes identifican la evolución y sofisticación de bandas criminales como uno de los principales peligros para la integridad de los funcionarios penitenciarios.




El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) describe este tipo de violencia dentro de las cárceles como una extensión directa del conflicto armado colombiano. Según su informe más reciente, la disputa entre bandas criminales por mantener poder territorial y económico se transfiere directamente al sistema penitenciario, impactando la seguridad pública y la estabilidad institucional del país.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha subrayado la importancia de la protección del personal penitenciario como requisito para impedir la expansión de la violencia en las cárceles y mejorar procesos de rehabilitación. Su informe de 2024 exige priorizar capacitación, dotación y mejor articulación institucional como ejes para salvaguardar los derechos humanos y fortalecer el sistema penitenciario colombiano.
Como respuesta, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que conduzca a los responsables de estos crímenes. Sin embargo, análisis de expertos recopilados por El Espectador advierten que enfrentar la raíz del problema exige políticas integrales, refuerzo institucional, combate a la corrupción interna y mejorías en las condiciones laborales para el personal penitenciario.
En síntesis, la ola de violencia contra el Inpec visibiliza graves retos del sistema penal colombiano. La denuncia sindical demanda atención inmediata del Estado ante un panorama donde la vida y seguridad de los guardianes de la ley se ven vulneradas frente al avance del crimen organizado.
¿Qué significa un “plan pistola” y por qué se utiliza contra el personal del Inpec? Este término hace referencia a un patrón de asesinatos selectivos, comúnmente empleados por grupos criminales para intimidar y eliminar a funcionarios públicos considerados obstáculos para sus actividades. En el contexto del Inpec, esto implica una amenaza letal hacia guardianes y funcionarios, destinada a sabotear la custodia y el traslado de reclusos, en particular aquellos con liderazgo sobre otras personas privadas de la libertad. La utilización de estos métodos demuestra el nivel de organización y la gravedad del conflicto entre bandas criminales en Colombia.
¿Qué rol tiene la corrupción interna en la crisis de violencia penitenciaria? Los análisis presentados por medios como El Espectador subrayan que la corrupción dentro del sistema penitenciario incrementa los riesgos para el personal y debilita la capacidad institucional de respuesta. Prácticas corruptas pueden facilitar la expansión de la influencia criminal en cárceles, permitiendo que los grupos delincuenciales accedan a información sensible o recursos prohibidos, y perpetuando la inseguridad de los funcionarios. Por ello, el fortalecimiento ético y la vigilancia institucional son claves para revertir la actual crisis de seguridad penitenciaria en Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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