En una carta, el Ministerio Público solicita emitir una directriz orientada a solicitarle a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) que les paguen incapacidades temporales a este tipo de pacientes.

Pero el objetivo principal de esta medida sería que las personas que padezcan de esas enfermedades no se vean obligadas a exponerse por razones de trabajo y puedan permanecer en sus casas con una razón válida y sin temor a perder su empleo, tal como reza un aparte de la misiva, divulgado por CM&:

“En consideración a que los ciudadanos cubiertos por las medidas sanitarias adoptadas no podrán acudir a sus lugares de trabajo, con lo cual se verían afectados sus ingresos, la Procuraduría General de la Nación requiere al Ministerio de Salud y Protección Social para que se expida una directriz dirigida a las Entidades Promotoras de Salud que disponga el pago de las incapacidades temporales derivadas del obligatorio cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes”

Aunque a nivel nacional la necesidad de que estas personas se mantengan en aislamiento estricto es solo una enfática sugerencia, las cifras ya han hecho que esta se convierta en una norma con obligatoriedad en Bogotá, donde se implementó desde la semana pasada.

En la capital se sabe que el 64 % de los pacientes que ingresa a las unidades de cuidados intensivos por COVID-19 tiene esas comorbilidades.