Luego de esas denuncias, Enrique Peñalosa envió una carta al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y otra al procurador general, Fernando Carillo, solicitándoles que indaguen si está impedido para tomar decisiones sobre el proyecto que busca construir 260 predios entre las carreras 15 y 13, y la calle 85, en el norte de Bogotá, informa Blu Radio.
Y es que según escribió Coronell en la primera de dos columnas que le ha dedicado al tema en Semana, Peñalosa firmó un decreto que modificó el plan original de Proscenio para, en palabras del periodista, “mejorar el negocio a los constructores del proyecto”, que son las empresas Amarilo, Arpro y Chaid Neme Hermanos S.A, ambas donantes a la campaña del alcalde en 2015, según registra en el Consejo Nacional Electoral.
En la segunda columna, Coronell asegura que el decreto 674 de noviembre de 2018 significó un crecimiento en las ventas para los aportantes a la campaña de Peñalosa “por 677.140 millones de pesos [, que] convertidos a la tasa de cambio actual serían más de 218 millones de dólares”.
Además, el periodista agrega que el actuar del alcalde “vulnera la ética pública”, pues “lo mínimo que debería haber hecho […] habría sido declararse impedido para tomar decisiones que enriquecieran sustancialmente a sus antiguos mecenas”.
Por lo mismo, Peñalosa decidió enviar las cartas al ente acusador y al de control para “procurar el respeto al ordenamiento jurídico y la convivencia pacífica”, así como el respeto a su “buen nombre y la legitimidad de ejercicio como mandatario elegido por voto popular”.
El alcalde también pide a la Procuraduría que anuncie el resultado de la investigación cuando se decida si habrá que revocar o no el decreto 674, cuyo plazo vence el 17 de marzo.
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