Los beneficiarios de esta medida son, según Daniel Coronell, las constructoras Amarilo, Arpro y Chaid Neme Hermanos S.A., firmas que están entre los financiadores de la campaña de Enrique Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá.
Ya en una primera columna al respecto, hace una semana, Coronell dijo, con base en las quejas de los vecinos del sector donde se desarrollará el proyecto (entre las calles 85 y 87, y entre las carreras 13 y 15), que en esa área “se está poniendo en funcionamiento 175.000 metros cuadrados de construcción en un área de 2,8 hectáreas”, y recordó que la comunidad compara eso con Unicentro, que “tiene 99.000 metros cuadrados —menos área construida— en un terreno de 12 hectáreas”.
Además, Unicentro, “con casi la mitad de área construida, tiene 3.200 parqueaderos”, mientras que “Proscenio tendrá 3.903”, precisó Coronell, y agregó que “el tráfico adicional sobre las calles anticipa que el sector vivirá colapsado”, para lo cual dio este ejemplo: “El tráfico de carros en uno de los cruces afectados, 86 con 11, fue estimado en 132 automóviles por hora por la administración cuando en realidad los vecinos contaron y probaron 564 carros por hora”.
Al día siguiente de la publicación de esa columna de Coronell, periodistas le preguntaron al alcalde Peñalosa sobre los financiadores de su campaña, y él respondió: “Yo recibí aportes de unas empresas de construcción para la campaña. Por supuesto, y no hay necesidad de ser ningún investigador para saberlo o descubrirlo. Primero que todo, yo jamás he recibido un peso de contratistas del gobierno, ni de proveedores, nunca”.
“Esos aportes se hicieron, están públicos, están en el sitio web del Consejo Electoral, están publicados. Cualquier persona puede entrar y revisar, exactamente, quiénes son los aportantes a mi campaña”, agregó el alcalde y precisó que las empresas mencionadas por Coronell no hacen obras públicas, sino que se dedican a la construcción de viviendas, oficinas.
Pero este fin de semana, Coronell ofrece más evidencias con las que busca dos cosas: 1) probar que Peñalosa sí favorece a los financiadores de su campaña y 2) reprochar la conducta del alcalde porque (y así lo afirmó en su primera columna) “lo mínimo que debería haber hecho […] habría sido declararse impedido para tomar decisiones que enriquecieran sustancialmente a sus antiguos mecenas”.
En la columna de este fin de semana, Coronell también acusa a Peñalosa de vulnerar la ética pública, y ofrece datos que probarían el incremento de ventas de los constructores por encima de los beneficios económicos que habían quedado planteados en el plan parcial de 2010 (Decreto 334), y que se estimaban en 868.899 millones de pesos.
En el Decreto 674 de noviembre de 2018 que firmó Peñalosa, que modifica el plan parcial de Proscenio, “las ventas estimadas crecieron hasta llegar a ser de 1,89 billones de pesos”, escribe Coronell. “[…] Es decir el decreto de Peñalosa significa ventas mayores para sus donantes por 677.140 millones de pesos [, que] convertidos a la tasa de cambio actual serían más de 218 millones de dólares”.
Pero, ¿qué explica lo que Coronell llama el “espectacular” crecimiento de las ventas? El columnista aporta datos que probarían que “el decreto de Peñalosa autoriza a sus donantes el cambio del uso de la tierra dándoles más ventajas”, y, además, “les permitió privatizar una calle y les aumenta los índices de construcción y ocupación”.
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