La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República advirtieron este sábado a los promotores y ejecutores de los bloqueos que tienen atenazada la economía del país, y han surgido de manera ilegal en medio del paro nacional.
Si bien los dos órganos de control y el ente acusador subrayan en un comunicado conjunto que la protesta pacífica es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política, y que los tres son garantes y protectores de los derechos humanos de toda la población, son claros al señalar que “los bloqueos u obstrucción a la vía pública no constituyen una expresión de la protesta pacífica, pues violentan derechos y producen daños irreparables a la población”.
Los bloqueos que surgen como una actividad que se aprovecha de las legítimas exigencias de diferentes sectores de la sociedad, aunque el comité de paro evade responder sobre ellos, además de cortar flujos importantes para la economía y el abastecimiento de las ciudades, han sido aprovechados por personas que los convierten en retenes para cobrar dinero a los conductores que buscan pasar.
Las autoridades, hasta este sábado, habían capturado a 331 personas por bloquear vías en diferentes partes del país y cobrar dinero a conductores que transitan libremente. A esos avivatos les imputarán tres delitos: obstrucción de vía pública, perturbación al servicio de transporte público y constreñimiento.
La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría anuncian, como corresponde en el marco de sus competencias, que seguirán “trabajando en el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades penal, disciplinaria y fiscal de lo acontecido durante las manifestaciones en Colombia”.
“Los bloqueos u obstrucciones en vía pública, cuando están acompañados de la utilización de medios ilícitos, son un delito y atentan contra los derechos humanos de toda la población colombiana”, advierten las tres entidades.
Por esa razón, advierten la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, “los perpetradores e instigadores” de los bloqueos “pueden estar incursos en responsabilidad penal”.
Advierten, además, que, si se trata de funcionarios, podrían recibir sanciones disciplinarias y fiscales. “Estos actos deben ser rechazados por la sociedad colombiana y enfrentados con todas las herramientas legales e institucionales”, destacan.
“Hacemos una clara advertencia que todos los niveles de la administración pública deben actuar para la aplicación de la Constitución y la ley, y por lo tanto proteger los derechos de toda la nación”, dicen.
Para los tres entes, todos los espacios de deliberación y construcción de acuerdos son “bienvenidos”, pero “nunca por vías de hecho que saboteen el vivir de los ciudadanos”.
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