“Tras el anuncio de paro armado” por parte de un frente del Eln en Chocó, “al menos 9.800 personas de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita” están “en confinamiento de manera indefinida”, con restricciones a la “movilidad”, “actividades diarias”, “transporte de víveres y alimentos al igual que acceso a servicios de salud”, indicó la oficina del ombudsman en un comunicado.
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En un documento difundido el miércoles, el Eln prohibió la circulación y actividad en esa región de Chocó aduciendo el asesinato el lunes del “joven Santiago Cáceres” a manos de “paramilitares” en “connivencia” con la fuerza pública.
De acuerdo con la Defensoría, como consecuencia de esos enfrentamientos, unas 141 personas debieron desplazarse a otros poblados aledaños.
“Las comunidades afro e indígenas ubicadas en esta subregión del medio San Juan han afrontado eventos sucesivos de confinamiento y desplazamiento masivos a causa de la instalación de explosivos, combates con interposición de población civil, amenazas, restricciones y controles poblacionales y territoriales por grupos ilegales”, añadió la Defensoría.
El “paro armado” levantó críticas tanto en la oposición como en el gobierno izquierdista, que a inicios de esta semana había dado por concluido “exitosamente” el primer ciclo de conversaciones en el proceso de paz con esa guerrilla en Caracas.
Al término de la ronda de diálogos, el gobierno y el Eln anunciaron “acciones humanitarias” para mitigar la violencia precisamente en la zona donde los rebeldes ahora paralizan la actividad bajo amenaza.
Las partes retomaron en noviembre el proceso de paz que había quedado en suspenso bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022) y que en principio tendrá un segundo capítulo el próximo año en México. La negociación avanza sin que medie un alto al fuego.
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