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La ausencia de un programa de manejo ambiental para el páramo Chilí–Barragán ha encendido las alarmas en torno a la protección de este frágil ecosistema, el cual abarca extensas áreas de los departamentos de Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Municipios como Calarcá, Córdoba, Génova y Pijao en Quindío; Cajamarca, Chaparral, Ibagué, Roncesvalles, Rovira y San Antonio en Tolima; y Sevilla en Valle del Cauca, comparten jurisdicción sobre el territorio que enfrenta significativos riesgos de transformación ambiental.
De acuerdo con denuncias de Mónica Flórez, líder social de Pijao y cabeza del programa Cittaslow en esa localidad, el páramo carece de un Plan de Manejo Ambiental pese a que, en el año 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delimitó oficialmente este complejo ecológico. Flórez radicó una petición formal ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), exigiendo la adopción urgente de dicho instrumento normativo para salvaguardar el territorio. Ella advirtió que, desde hace años, el Chilí se enfrenta a amenazas como la expansión del cultivo de aguacate hass en la zona de amortiguación y la llegada de un turismo masivo sin regulación suficiente, lo que acelera el deterioro del ecosistema.
Según la activista, estas presiones no solo afectan el entorno adyacente, sino también el corazón mismo del páramo, donde la circulación incesante de personas y vehículos incrementa el riesgo para la fauna y la integridad ecológica de la región. Pese a que la delimitación oficial por parte del Ministerio de Ambiente impuso un plazo máximo de tres años a las autoridades ambientales regionales (CRQ, CORTOLIMA – Corporación Autónoma Regional del Tolima y CBC – Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) para establecer el Plan de Manejo Ambiental, han pasado casi diez años sin que se conozcan avances sustanciales.
La evidencia científica respalda las preocupaciones ciudadanas. Un estudio académico liderado por el biólogo en formación Santiago Diwisch Narváez, bajo la dirección de Diana L. Buitrago Torres y Hugo Mantilla Meluk, analizó mediante imágenes satelitales los patrones de cambio en treinta y seis complejos de páramo del país entre 2002 y 2022.
Este trabajo halló que el páramo Chilí–Barragán se encuentra entre los cuatro con mayor tasa de conversión de cobertura –por encima del 10% de su área total–, impulsada por el cambio de bosques y frailejones hacia tierras de pastos, matorrales y áreas agrícolas. Esto evidencia una simplificación progresiva del ecosistema, atribuida, en su mayoría, al sobrepastoreo y las actividades agropecuarias.
La Resolución 1553 de 2016 emitida por el Ministerio de Ambiente establece que, en las áreas oficialmente delimitadas como páramo, están prohibidas las actividades agropecuarias, la exploración o explotación de recursos no renovables y la construcción de refinerías. Asimismo, ordena a las autoridades ambientales implementar programas de sustitución de actividades agropecuarias ya existentes, asegurar un manejo responsable de suelos y promover la conservación de humedales y nacederos de agua. Además, la norma aclara que la protección ambiental prevalece sobre las licencias o concesiones económicas adquiridas previamente, dejando claro que se podrá prohibir cualquier actividad que represente un riesgo comprobado o potencial, en aplicación del principio de precaución ambiental.
La falta de avances en la estipulación y aplicación de un plan de manejo para el páramo Chilí–Barragán refleja tanto la complejidad institucional como la urgencia de articular respuestas interinstitucionales que permitan garantizar su conservación para las generaciones futuras.
¿En qué consiste un Plan de Manejo Ambiental para los páramos?
La pregunta sobre el significado y el alcance de un Plan de Manejo Ambiental resulta fundamental para comprender por qué su ausencia implica riesgos operativos y legales en ecosistemas tan frágiles como los páramos. Este instrumento, según indica la normativa, orienta acciones para la restauración, conservación y uso sostenible de un área específica y define reglas claras sobre lo que está permitido o prohibido en cuanto al uso del suelo, los recursos hídricos y la biodiversidad.
Por tanto, el plan de manejo determina las responsabilidades de las entidades públicas, los compromisos de los actores privados y sociales, y los instrumentos de seguimiento y control. En el caso del páramo Chilí–Barragán, la falta de este documento no solo restringe la capacidad de las autoridades para gestionar conflictos y efectos negativos de actividades económicas, sino que debilita la protección de los servicios ecosistémicos esenciales para la región.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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