El ente acusador “no encontró elementos de responsabilidad contra el general Atehortúa Duque ni la configuración del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por el cual era investigado” dentro del proceso penal en el que se señalaba la aparente responsabilidad del oficial en presuntas irregularidades en la contratación de un proyecto de viviendas fiscales en San Luis, Tolima.

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Así lo aseguró la Fiscalía en un comunicado, que publicó también en Twitter,  en el que aclaró que, no obstante, “continuará la investigación contra otros oficiales que participaron en diferentes fases contractuales que sí revelan cuestionamientos”.

En el caso de Atehortúa, la entidad precisó que el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que llevaba ese proceso decidió archivar la indagación contra el alto mando “luego de valorar la evidencia física y el material de prueba obtenido”.

La Fiscalía añadió que, si bien se constató que el director de la Policía intervino en la fase de liquidación de los cuestionados contratos cuando este era director del Fondo Rotatorio de la institución entre 2014 y 2015, el general también “manifestó inconformidades por el deterioro o no culminación de algunos frentes de obra, y buscó una salida legal ajustada para evitar un detrimento patrimonial”.

Es importante mencionar que el juicio disciplinario contra el alto mando continúa en la Procuraduría, donde esta semana se llevó a cabo una audiencia en la que el procurador delegado regañó a Atehortúa por su apretada agenda.

¿Por qué investigan al general Óscar Atehortúa?

La investigación disciplinaria y penal (que ahora fue archivada) en contra del director de la Policía Nacional tiene que ver con la construcción de un proyecto de 51 casas fiscales que no fueron terminadas y no cuentan con condiciones de habitabilidad, indica El Colombiano. 

La relación de Óscar Atehortúa con este caso, que desató además una pelea entre altos mandos de la Policía, con intervención del ministro de Defensa, se remonta al 21 de febrero de 2014, cuando el general empezó a desempeñar el cargo de director del Fondo Rotatorio de la Policía, donde conoció situaciones relacionadas con los mencionados contratos, precisa Blu Radio.

En paralelo con el proceso en la Fiscalía, la Contraloría General de la República determinó la ocurrencia de un presunto daño fiscal en la obra por $5.364 millones, agrega El Colombiano.

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