Desde el “28 de abril y hasta el 28 de junio se han reportado 83 homicidios”, y miles de “detenciones arbitrarias”, señaló en un comunicado la red de organizaciones colombianas e internacionales, que también pidió al órgano internacional condenar la “brutal represión” de la fuerza pública.
“Un hecho particularmente preocupante es la práctica de la desaparición forzada (…). A la fecha, 327 personas continúan desaparecidas”, enfatiza la denuncia.
Además, unos “3.200 manifestantes han sido detenidos arbitrariamente sin garantías a su derecho a un debido proceso, lo que los ha expuesto a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Los abusos incluyen “golpizas, puñetazos con objetos contundentes, descargas eléctricas, amenazas de desaparición forzada, desnudez forzada y violencia sexual y de género, incluida la violación” y han sido dirigidos “especialmente” contra grupos indígenas, miembros de la comunidad LGTBIQ, defensores de derechos humanos, personal médico y periodistas, agrega el informe.
Las denuncias hacen parte de un informe que será presentado en Ginebra, donde se reúne el Consejo de Derechos Humanos entre el 21 de junio y el 13 de julio.
De acuerdo con el texto, 27 de los fallecidos fueron “víctimas” del escuadrón antidisturbios. Otras muertes fueron provocadas por “civiles armados sin identificar, que a menudo actúan con la complicidad de los agentes de las fuerzas armadas del Estado”.
El gobierno asegura que grupos de narcotráfico y el Eln se camuflan entre los manifestantes para generar caos. Dos uniformados han muerto durante las movilizaciones y otros dos recibieron disparos, según la Policía y el Ministerio de Defensa.
Más de 60 personas han muerto durante la crisis, según la Defensoría del Pueblo y autoridades civiles. Estados Unidos Unidos y la Unión Europea han condenado abusos de la fuerza pública en medio de las confrontaciones.
La embajadora del gobierno ante la ONU, Alicia Arango, cuestiona estas cifras y sostiene otra cifra de víctimas por la crisis.
(Lea también: De 25 muertos durante protestas, 3 homicidios son responsabilidad de la Policía: Gobierno)
Aunque el frente más visible de las movilizaciones suspendió las convocatorias hasta el 20 de julio, parte de los manifestantes siguen saliendo a las calles.
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos adelanta 127 investigaciones “por presuntas faltas disciplinarias” de la policía.
El martes, tres policías fueron suspendidos de sus cargos por agredir a dos periodistas y un joven en una protesta en Bogotá.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), firmante del documento, acusó “crueldad” y “uso sistemático de armas de fuego” por parte de la Policía, en una rueda de prensa virtual concedida por su subdirectora, Ana María Rodríguez, y otros miembros de la red.
La ONG Human Rights Watch, por su parte, acusa a la fuerza pública de estar implicada en al menos 20 homicidios, y asegura que 16 de las víctimas recibieron tiros disparados por agentes con intención de “matar”.
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