Entre los detalles que menciona la emisora se destaca que la orden de captura es para los patrulleros Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, y que la Fiscalía pretende endilgarles los delitos de homicidio agravado y tortura.
También, dice, el organismo acusador pedirá medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Pero en medio de esta información también se conoce, según CM& Noticias, que los dos implicados en el homicidio se dieron a la fuga, ya que no contestan los celulares ni se tiene rastro de ellos.
Los patrulleros Rodríguez Díaz y Lloreda Cubillos también fueron citados por la Procuraduría a juicio disciplinario, y la diligencia está programada para el próximo primero de octubre a partir de las 8:30 de la mañana.
El Ministerio Público, de acuerdo con este comunicado, considera que los dos uniformados, implicados en la muerte de Javier Ordóñez, “presuntamente incurrieron en conductas descritas en el Código Penal como delitos a título de dolo: abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio durante un operativo”, en hechos que ocurrieron el pasado 9 de septiembre en la madrugada en vía pública del barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá.
Lo que las autoridades buscan establecer en el proceso es qué ocurrió dentro del CAI Villa Luz, aquella madrugada, pues en el video que grabó un amigo de la víctima se observa que a Ordóñez lo suben con vida a una patrulla, luego de que los dos policías lo redujeran con varias descargas eléctricas de pistola ‘taser’.
Si bien dos amigos de Ordóñez que estuvieron con él ese día de los hechos aseguran que los policías lo golpearon salvajemente hasta ocasionarle la muerte, y que al trasladarlo a la clínica los médicos confirmaron que “ya estaba muerto”, el patrullero Lloreda había dicho que en el CAI estaban llenado unos documentos cuando “el señor Javier Ordóñez manifiesta sentirse mal”:
El uniformado negó que en este caso hubiera abuso de autoridad, pero el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reconoció públicamente que “unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la Institución”.
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