Lo hizo a través de su representante en Colombia, Alberto Brunori, que también exaltó los esfuerzos de la Alcaldía de Bogotá por respetar el derecho a la manifestación pacífica:
“Veo con preocupación que algunos individuos, afortunadamente una minoría, atacaron violentamente y hostigaron a miembros de la Policía Nacional, manifestantes e infraestructura pública y privada”.
La primera protesta del año contra las políticas del Gobierno estuvo marcada por pequeñas concentraciones y disturbios en algunas zonas de Bogotá y Medellín, que dejaron al menos seis personas heridas, cuatro de ellas policías.
Unos de los principales focos de desórdenes fue el sector de Suba, donde fueron bloqueadas estaciones del sistema de Transmilenio y hubo enfrentamientos entre encapuchados y policías que se repitieron en otros barrios de la capital.
“Este tipo de acciones no son compatibles con el derecho a la protesta pacífica y desvían la atención de los legítimos reclamos de mayores garantías de derechos humanos expresados por parte de la mayoría de los manifestantes”, agregó Brunori, al asegurar que el protocolo de la Alcaldía de Bogotá ante las protestas estuvo alineado con los estándares internacionales de derechos humanos.
“Ayer en Bogotá hicimos seguimiento a la situación de derechos humanos en el marco de la jornada de protestas por invitación de la Alcaldía de Bogotá y en estrecha coordinación con los órganos de control: Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo”, agregó el representante de la ONU.
Asimismo, destacó los esfuerzos “por respetar el derecho a la manifestación pacífica” y señaló los avances “en el uso del diálogo para no recurrir al uso de la fuerza por parte de la Alcaldía de Bogotá y de la Policía”.
La aplicación estricta de ese protocolo “puede crear condiciones en la sociedad y en las personas para ejercer su derecho a la libertad de expresión, reunión, manifestación y participación, fortaleciendo procesos democráticos”, indicó Brunori.
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