En ese sentido, le envió a principios del mes pasado una carta al canciller Carlos Holmes Trujillo, a la cual tuvo acceso La FM, en la que hace varios cuestionamientos sobre el proceso iniciado contra el expresidente Uribe.

En la misiva, García Sayán advierte de posibles vulneraciones a los derechos fundamentales del también senador del Centro Democrático por parte de las autoridades colombianas en este proceso.

García Sayán analizó el proceso que la Corte Suprema de Justicia le sigue a Uribe al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada por la supuesta manipulación de testigos, sobre el cual planteó sus reservas.

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Para el relator de la ONU, “de acuerdo con las alegaciones presentadas” a su despacho, la Sala de la Corte Suprema que asumió el conocimiento del proceso habría manifestado con anterioridad una posición desfavorable contra Uribe, “lo cual podría demostrar falta de imparcialidad”.

Apelando a la competencia que le otorga el mandato que le ha sido otorgado por el Consejo de Derechos Humanos,  García Sayán le pide al Gobierno colombiano, entre otras,  (i) clarificar las alegaciones llevadas a su atención (ii) proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones arriba mencionadas; (iii) mencionar acerca de los avances sobre las investigaciones que se han realizado de oficio para esclarecer estos hechos denunciados, así como las medidas adoptadas en tal caso para garantizar la independencia y la imparcialidad de este órgano jurisdiccional competente; e (iv) informar al relator especial acerca de los supuestos delitos por los que están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia Uribe y Prada.

“Agradecería recibir una respuesta del Gobierno a estas preguntas en un plazo máximo de 60 días. Garantizo que la respuesta del Gobierno será incluida en el informe que presentaré al Consejo de Derechos Humanos”, anuncia García Sayán en su carta a Trujillo.

“A la espera de su respuesta, quisiera instar al Gobierno a que tome medidas necesarias para agilizar las acciones y políticas pertinentes para asegurar una independencia judicial y el libre ejercicio profesional de los operadores de justicia, recordando que la falta de garantías en estos ámbitos limita la independencia judicial”, dice en otro de sus apartes el documento.

Hasta ahora, de acuerdo con La FM, es la primera vez que una instancia tan alta de la ONU se pronuncia sobre este caso.