Además de Oneida Pinto Pérez, la entidad investiga disciplinariamente a Bely Géneco, exsecretaria de Educación; a Gilbert Meza Cerchar, director operativo, y a Gerardo Cujia Mendoza, profesional universitario de la administración departamental en esa época, se lee en un comunicado.

La Procuraduría considera que los implicados al parecer faltaron a “los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal”, y que habrían incluido “condiciones restrictivas a la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva, relacionadas a la experiencia y la capacidad financiera”.

Este proceso, dice, llevó a que solo un proponente se presentara a la licitación, motivo por el que la entidad no pudo hacer una comparación de ofertas a la hora de elegir al contratista.

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“En el caso de la exgobernadora Pinto, cuestionó que siendo la máxima responsable de la contratación del departamento, al parecer no actuó con la diligencia debida y el cuidado necesario”, puntualiza la Procuraduría.