La decisión, respaldada por la Procuraduría, establece que en el acervo probatorio recopilado por el IDU “no se estableció, a través de ningún medio de prueba, que esos mayores costos en los que incurrió la administración distrital surgieron como consecuencia del acuerdo de los condenados para cometer delitos”, sostuvo el juez 36 penal del circuito, citado por RCN Radio.

Entre esos delitos, según esa emisora, figuran falsedad en documento privado, cohecho por dar u ofrecer y fraude procesal.

El Espectador detalla que en concreto se hablaba de los daños emergentes ocasionados en el marco del contrato de construcción de la tercera fase de Transmilenio, por la calle 26 y la carrera décima.

De acuerdo con ese medio, el cálculo realizado por el perito contratado por el IDU para tal efecto se basó en “supuestos no verificados”: “Es una estimación teórica, pero no hay una medición exacta”, estableció el juez.

Por su parte, el ministerio Público comentó que “el perito se basó en lo que se pretendía con (la puesta en marcha) de Transmilenio y no con lo que realmente aconteció”, y agregó que “se basó en daños hipotéticos o eventuales, lo que, por demás, no son resarcibles, pues son inciertos”.

Además, el IDU habría cambiado drástica e intempestivamente la cantidad que le reclamaba a los Nule en pleno juicio: de los casi 238.000 millones pasaron a 93.800, añade El Espectador.

Mediante su secretaria jurídica, Dalila Hernández, el IDU manifestó su indignación ante el desenlace, al tiempo que anunció que apelará la decisión, de acuerdo con CM&: “Estamos sorprendidos, tristes e indignados”, lamentó.

“Esto es un incidente de reparación en donde nosotros como victimas fuimos a solicitar el reconocimiento de los daños y perjuicios económicos que como bogotanos y ciudad tuvimos que enfrentar por esta situación”, agregó Hernández