El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha desatado conmoción en la opinión pública y un rápido despliegue por parte de las autoridades en Bogotá. El hecho ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un evento público en la localidad de Fontibón, donde un adolescente de apenas 14 años intentó asesinar al político usando un arma de fuego calibre 9 mm.
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Testigos señalaron que el menor disparó mientras Uribe se dirigía a la comunidad. Durante su intento de fuga, la reacción oportuna tanto del esquema de seguridad como de la ciudadanía permitió su captura en inmediaciones del lugar.
Las imágenes registradas por cámaras de seguridad y nuevos videos de asistentes documentan el momento del ataque y la posterior persecución. El joven se ubicó a tan solo dos metros.
El adolescente, al ser reducido en el suelo por varios ciudadanos, gritó reiteradamente: “Yo les voy a dar los números. Déjenme levantar y déjenme darles los números. Si no me sueltan, necesito darles los números”. Esta frase dejó abiertas varias hipótesis sobre posibles conexiones y responsabilidades detrás del atentado, sin que el joven identificara directamente a algún actor intelectual del crimen.
Tras su captura, el menor fue trasladado bajo custodia policial a la Clínica Colombia debido a las heridas que sufrió mientras huía. Actualmente permanece hospitalizado y bajo la vigilancia de las autoridades, a la espera de los procedimientos legales correspondientes que serán adelantados por un juez de menores en Bogotá.
Las indagaciones están en marcha y, según fuentes oficiales citadas por Semana, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado dos líneas de investigación enfocadas en esclarecer los móviles y responsables tanto materiales como intelectuales. Las pruebas recolectadas hasta el momento, incluidas las grabaciones y testimonios de la comunidad, serán fundamentales durante el proceso de judicialización.
La gravedad de este hecho llevó al gobierno nacional a tomar medidas inmediatas. La Fiscalía y la Policía Nacional anunciaron la oferta de una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos a quien entregue información que permita identificar y dar con el paradero de los autores intelectuales del atentado. La administración del presidente Gustavo Petro convocó a un consejo de seguridad urgente, en el que participaron los ministros del Interior y de Defensa para analizar el caso y fortalecer los protocolos de protección a figuras públicas en el país.
El atentado contra Miguel Uribe revive las alarmas sobre la seguridad en procesos electorales y la utilización de menores de edad en actividades criminales, un patrón preocupante que las autoridades buscan desarticular a través de acciones de inteligencia y justicia. La comunidad de Fontibón, protagonista en la oportuna detención del atacante, colaboró con los funcionarios de la Fiscalía durante la recolección de pruebas y testimonios.
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