En tan solo 39 días los equipos negociadores respondieron a las 500 propuestas formuladas por los distintos sectores opositores al acuerdo general firmado el 26 de septiembre, e incorporaron una serie de innovaciones que, de todas formas, no acabará con las discusiones, dijo Humberto de la Calle.
El nuevo acuerdo, que se supone es mejor que el anterior porque “resuelve críticas e insatisfacciones”, abrió la puerta a cambios importantes en temas clave como la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada y la eliminación de cualquier asomo de ideología de género, refirió el Gobierno.
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Sanciones para crímenes de lesa humanidad
El Gobierno garantiza que las decisiones que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adopte en el marco de los procesos contra delitos de lesa humanidad, podrán ser objeto de tutelas y revisadas por la Corte Constitucional
Habrá control a la movilidad de los guerrilleros mientras se implementa la JEP o se emitan las condenas correspondientes. La jurisdicción se extenderá por 10 años y recibirá solicitudes de investigación en los 2 primeros años.
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Que el narcotráfico no sea delito conexo al político
La conexidad del narcotráfico con el delito político será revisada caso por caso por los magistrados de la JEP que serán todos de nacionalidad colombiana, sin injerencia de jueces extranjeros, salvo como observadores expertos.
Los guerrilleros están “obligados” a presentar toda la información “relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades”.
Además, no habrá formalización de tierra sin erradicación de cultivos ilícitos.
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Expropiación de terrenos improductivos
“Se ratificó el respeto a la propiedad y la iniciativa privada y a que a nadie se expropie por fuera de la ley vigente”. Al mismo tiempo, el Gobierno dejó claro que catastro no modificará los avalúos de las tierras y no se autorizarán nuevas zonas de reserva campesina, ampliamente discutidas por los opositores del ‘No’ al considerar que eran territorios concedidos a la guerrilla.
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Entrega de bienes y restricción de la libertad
El nuevo acuerdo establece que las Farc tendrán que declarar y entregar todos los bienes para reparar a las víctimas. No hacerlo podría significar la pérdida de todos los beneficios.
Asimismo, los guerrilleros condenados por la JEP tendrán restricción efectiva de la libertad en espacios concretos, no más granes que una Zona Veredal, con horarios y controles de movilidad fuera de esa área.
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Que el sistema de justicia transicional esté articulado al poder judicial
De la Calle afirmó que “queda claro que entre la normatividad aplicable se incluye el Código Penal Colombiano y que las normas procedimentales deberán ser incorporadas al ordenamiento legal”.
Los terceros involucrados en el conflicto (como financiadores o colaboradores) podrán recibir beneficios como “la renuncia de la acción penal u otro tipo de terminación anticipada del proceso” si contribuyen a las medidas de verdad y reparación.
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Sobre las libertades sexuales o la llamada ideología de género
Sobre este particular, el Gobierno dejó claro que “se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente, ni siquiera de manera sugerida” en el nuevo acuerdo.
Sin embargo, Humberto de la Calle destacó que, además del concepto de enfoque de género que reconoce el impacto diferenciado que el conflicto ejerce sobre la mujer, el nuevo acuerdo “incluye un principio de respeto a la igualdad y no discriminación” de las personas por su orientación sexual, su identidad étnica, su edad, sus opiniones o sus creencias religiosas.
El concepto de familia, como un núcleo social conformado por un hombre y una mujer, no se abordó, pero se mantiene según la Constitución.
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No habrá incorporación al bloque de constitucionalidad
“El principio general de garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado”, sostuvo de la Calle, pero con la salvedad de que “solo se incorporarán al bloque de constitucionalidad los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución”, agregó el comunicado de la Presidencia de la República.
A primera hora, el senador Álvaro Uribe se anticipó a pedir al presidente Santos que los textos alcanzados no tengan un “alcance definitivo” para que se puedan analizar y formular nuevas objeciones. El Gobierno, a su vez, manifestó que está abierto a las observaciones que se formulen sobre el nuevo acuerdo.
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