El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La política pública de drogas en Colombia ha experimentado un proceso inédito desde 2023, con la formulación de un documento que propone un enfoque integral sobre el fenómeno de las drogas, superando la tradicional visión centrada exclusivamente en salud y seguridad. Según el artículo original, este avance representa apenas la segunda vez que el país cuenta con una hoja de ruta oficial para abordar la problemática, resaltando la construcción colectiva y participativa a través de diálogos territoriales en municipios como Cáceres, El Tambo y Corinto. Tal proceso involucró actores locales y priorizó a las comunidades afectadas, evidenciando un esfuerzo de participación ciudadana poco habitual en la historia de la política antidrogas colombiana.
Pese al énfasis en la inclusión, el documento enfrenta una debilidad estructural importante: carece de un plan de acción concreto, metas medibles, responsables definidos y mecanismos de seguimiento. De acuerdo con el artículo original, esta ausencia limita la capacidad de la política para trascender la mera intención, puesto que su éxito quedaría supeditado a la voluntad política de los gobiernos y no a un compromiso institucional duradero. La Contraloría General de la República (2024) destaca que en este contexto las entidades suelen privilegiar iniciativas mediáticas y de rápida respuesta, desatendiendo acciones estratégicas y de largo aliento que son esenciales para confrontar las raíces profundas del narcotráfico y sus repercusiones sociales y ambientales.
Un ejemplo de esta fragmentación se evidencia en programas como “Renhacemos Catatumbo”, que fue implementado tras episodios de violencia sin lograr integrarse a una política nacional unificada, repitiendo errores del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). No obstante, el Ministerio de Defensa (2025) señala avances en la interdicción, con cifras inéditas de incautación de cocaína y logros en la titulación de tierras y el fortalecimiento de la política internacional sobre drogas.
Un cambio relevante es la progresiva reducción del uso del glifosato en la fumigación de cultivos ilícitos—aunque aún con limitaciones en políticas de reducción de riesgos y daños—, destacada por Human Rights Watch (2024) como un paso esencial para reconstruir la confianza entre el Estado y las comunidades cocaleras. Sin embargo, la organización advierte que el apoyo práctico a alternativas sigue siendo escaso y necesita mayor inversión.
La nueva política incorpora elementos poco abordados previamente, como el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores, propuestas ambientales para mitigar los efectos negativos de la guerra contra las drogas, y la regulación de cultivos para usos legales. Según la Universidad Nacional de Colombia (2025), esto abre oportunidades para una reforma de fondo, pero la incertidumbre sobre la continuidad y certidumbre en la implementación preocupa tanto a expertos como a quienes viven en territorios afectados. El reto es asegurar que la participación ciudadana y el reconocimiento de las comunidades como protagonistas no se queden solo en el papel, sino que realmente se traduzcan en políticas eficaces y sostenibles, garantizando justicia social y territorial frente al conflicto y el narcotráfico.
¿Qué implica el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores? Esta pregunta surge ante la referencia a una de las nuevas perspectivas de la política: el tratamiento penal diferenciado. En el contexto colombiano, muchos pequeños cultivadores se ven forzados a participar en economías ilícitas por falta de alternativas económicas. La política reconoce que estos actores no pueden equipararse penalmente con quienes lideran estructuras del narcotráfico. Ofrecer un tratamiento especial podría abrir la posibilidad de salidas legales y apoyo social para su reincorporación, contribuyendo a desmontar redes criminales y reducir el impacto en comunidades rurales vulnerables.
La pertinencia de esta medida adquiere mayor relevancia al considerar la fragmentación de programas de sustitución y la limitada oferta de alternativas legales en regiones afectadas, circunstancias que perpetúan el círculo de pobreza y criminalización. Un abordaje diferenciado y humanizado podría sentar las bases para transiciones realmente efectivas hacia economías lícitas, legitimando la acción pública y haciendo frente a una de las raíces estructurales del conflicto asociado a las drogas.
¿Por qué es relevante el debate sobre la regulación de usos lícitos de cultivos como coca, cannabis y amapola? El documento señala la necesidad de discutir la regulación para usos legales de cultivos tradicionalmente asociados al narcotráfico. Considerar el uso lícito de plantas como la coca, el cannabis y la amapola refleja un cambio paradigmático que va más allá de la persecución y criminalización, alineándose con tendencias internacionales de regulación y control para fines medicinales, científicos o industriales.
Para Colombia, abrir este debate podría significar una oportunidad para fortalecer economías campesinas, reducir la criminalidad vinculada al comercio ilícito y proteger a las comunidades vulnerables. Además, implica un reconocimiento de la diversidad cultural y los saberes ancestrales relacionados con estos cultivos. Abordar la regulación con responsabilidad y participación abre posibilidades de transformación estructural en la relación entre Estado, sociedad y territorio en el contexto de la política de drogas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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