A medida que avanza el proceso de indagación en torno a la muerte de Juan Pablo González, presunto abusador de la menor Hilary Castro, se reavive nuevamente el debate de si es necesario reformar la Policía Nacional y ajustar los procesos de capacitación dentro de la institución.

(Vea también: Revelan condena que pagarían los policías capturados por muerte de Juan Pablo Gónzalez)

Recordemos que, recientemente y por este caso, cinco integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron destituidos, capturados e imputados por la Fiscalía por homicidio agravado, en concurso heterogéneo con la conducta de tortura.

Esto por la omisión en su labor de proteger y amparar al procesado, debido a que el fiscal del caso logró demostrar que, a pesar de estar presentes no intervinieron ante las agresiones que terminaron costándole la vida. Por este motivo los uniformados fueron señalados como cómplices, aunque ninguno aceptó los cargos.

Cabe mencionar que esto dejaría en evidencia una presunta negligencia en la protección del detenido y la garantía de sus derechos, como lo exige la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

(Lea también: En qué va el caso del abusador de Transmilenio y por qué capturaron a cinco policías)

No obstante, las pruebas indican que eso no fue lo que pasó dentro de la URI de Puente Aranda en donde fue recluido Juan Pablo González, presunto abusador de Hilary Castro.

En medio de la audiencia se revelaron detalles de las lesiones que le fueron infringidas por parte de otros presos. Su causa de muerte se debió a un politraumatismo que le causó insuficiencia respiratoria en el tórax.

LO ÚLTIMO