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La trágica muerte de 5 menores indígenas del pueblo Yukpa, el pasado 24 de marzo, todavía tiene consternada a esa población ancestral que, según la Corte Constitucional, está en riesgo de desaparición cultural y física ante la multiplicidad de peligros que enfrenta a diario. El caso de los niños, ocurrido en Agustín Codazzi, Cesar, acaba de quedar en manos de un equipo destacado de la Fiscalía, luego de que seis gobernadores yukpas les pidieran a las autoridades investigar el asunto a fondo.
Hay serios indicios de que no se trató de una mortal intoxicación por el consumo de una fruta, como trascendió hace pocos días. Incluso, los integrantes de la comunidad denuncian que los menores fueron asesinados.
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Ese señalamiento de las autoridades indígenas se basa, ente otras cosas, en que la víctima de 3 años “presentaba signos de violencia física y, al parecer abuso, por tener una herida en la cabeza y su vestido tradicional estaba rasgado. Desde pequeños, a los niños se les enseña cuáles frutos pueden comer, así que es una total mentira que sea una intoxicación”, señaló una de las autoridades indígenas a El Espectador.
Esa hipótesis también la plantean los médicos de la Clínica Codazzi que la atendieron el domingo 24 de marzo. En documentos que ya tienen en poder las autoridades, los galenos explicaron que, al tomar muestras en su cuerpo, encontraron evidencias de abuso.
Aunque la niña recibió primeros auxilios y algunos medicamentos durante varios minutos, fue imposible estabilizarla. A las 7:25 p. m. fue declarada muerta y su cuerpo, junto con los de sus 4 hermanos, fue entregado a los gobernadores indígenas para los rituales propios de la comunidad.
Pese a las evidencias científicas de que había algo más que indagar en el caso, el secretario de Salud de Cesar, Juan Carlos Midiona, dijo públicamente que los menores habían consumido un fruto de corozo.
“Es prohibido comerlo en su comunidad porque puede causar efectos venenosos y desafortunadamente lo consumieron, motivo por el cual presentaron un cuadro clínico relacionado con intoxicación alimentaria y desafortunadamente murieron”.
Para las autoridades yukpas, esa teoría no tiene mucho sentido. Por eso, y luego de consultarlo en la comunidad y de varias recomendaciones jurídicas, los cuerpos de los niños fueron entregados a Medicina Legal para que, con su autorización, puedan realizar las necropsias. Esas pruebas médico-legales serán claves para determinar no solo si la niña de 3 años fue abusada, sino para saber con claridad cuál fue la causa de la muerte de los menores y si hubo algo más que una intoxicación por un corozo.
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Además de pedirle al Estado que haga estas pruebas, el pueblo indígena aceptó que sea la Fiscalía, y no su propia jurisdicción, la que investigue el caso para establecer si la muerte de los menores se trató de una masacre. Miembros del CTI ya están en el lugar de los hechos y, con ayuda de expertos de la entidad en asuntos indígenas, tienen todo listo para hacer una inspección del lugar.
Según los reportes oficiales, los niños eran miembros del resguardo Iroka y, para el momento de los hechos, estaban transitando por la vereda El Limón, en Agustín Codazzi. Tres de ellos murieron en zona rural, mientras que solo dos, la niña de tres años y uno niño de 14, fueron trasladados a la Clínica Codazzi.
La nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, anunció que se reunirá con los las autoridades Yukpas para conocer sus requerimientos sobre los hechos violentos que los afectan.
Un precedente clave en este episodio ocurrió en 2018, cuando dos hermanos, menores de edad de este pueblo indígena, también murieron por envenenamiento. En ese momento Noticias Uno señaló que los hechos ocurrieron en el resguardo Iroka, del que también eran parte los cinco menores muertos el pasado 24 de marzo.
Según lo denunció la propia comunidad, los dos niños indígenas habrían sido envenenados con glifosato por un capataz de una finca aledaña por problemas territoriales. “Son conflictos agrarios que hoy persisten y que ningún gobierno se ha querido hacer cargo. Ningún miembro del gobierno Petro se ha querido reunir con los yukpas”, afirmó Édwar Álvarez, defensor de esta población indígena.
Las alertas sobre los yukpas que nadie atendió
Fuentes del caso indicaron que desde ya se indaga sobre una posible retaliación contra la comunidad, ya que “los yukpas no tienen tierra, ellos son nómadas, así que ellos pescan o cogen alimentos de una siembra, y eso genera tensiones con los palmeros y campesinos de la región”, explicó una fuente cercana a la comunidad. Una aseveración que tiene sustento en varios pronunciamientos del Estado. Desde 1996, varias entidades han prendido las alarmas sobre el alto riesgo de desaparición de los yukpas ligado a su nulo acceso a tierras productivas. Por ejemplo, la Presidencia, a través del Decreto 1397 de 1996, declaró a este pueblo originario, junto con seis pueblos indígenas más de Colombia, como pueblos indígenas amenazados.
Todos tienen la misma característica: son nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes y con graves afectaciones territoriales por fenómenos de colonización, conflicto armado, minería y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, para los yukpas, no se hizo nada para revertir la preocupante situación. En 2009 y en septiembre de 2023 la Corte Constitucional alertó a través de dos sentencias. El alto tribunal declaró al pueblo ancestral y su territorio en riesgo de exterminio físico y cultural. Es decir, la máxima instancia constitucional y garante de los derechos fundamentales y territoriales ha constatado que el pueblo presenta una sistemática vulneración de derechos fundamentales.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Carlos Negret, en un informe de seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional publicado en 2019, señaló que “su movilidad y sus prácticas económicas tradicionales, como la caza y la recolección, están en riesgo por el despojo territorial debido a intereses económicos legales asociados a la gran minería y la expansión de agroindustria, en su mayoría palma de aceite, e ilegales en su territorio. Esta situación implica una pérdida de su autonomía y su seguridad alimentaria, la cual ha generado problemáticas de desnutrición en la población infantil en los últimos años”. La Defensoría explicó que entre 2018 y 2019, 27 niños murieron por causas asociadas a la falta de territorio.
Mientras que el Instituto de Medicina Legal entrega las necropsias de los 5 menores, este hecho vuelve a poner sobre relieve la crisis que vive desde hace varias décadas la población yukpa, y que, como lo advierten sus miembros, solo vuelve a ser tema de conversación cuando ocurren casos en el que la violencia desbordada ataca a su comunidad. En esta ocasión la muerte de cinco niños y la presunta violación sexual de una niña de tres años.
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